La administración de la justicia en San Luis
Este año ha sido importante en materia de administración de justicia ya que se han renovado algunos órganos del poder judicial como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahora el Supremo tribunal de Justicia (STJ), además de haberse creado el Consejo de la Judicatura.
Pero casi todo se ha reducido en un mero asunto de nombramientos, la mayoría de los cuales se han realizado sin el adecuado análisis sobre el perfil necesario para ello y, particularmente, la idoneidad para el cargo, privilegiándose en cambio, la cercanía de quien habrá de ser nombrado con los intereses del grupo en el poder.
Tampoco quedan claros los criterios de evaluación seguidos para ponderar las recientes ratificaciones de algunos magistrados del STJ, por el contrario, de acuerdo a los parámetros utilizados es notoria la aplicación tendenciosa para favorecer a los propuestos por el Ejecutivo para ser ratificados, y perjudicar a quienes no. Es evidente, al analizar la información proporcionada por el Ejecutivo, que dicha evaluación está claramente sesgada, incompleta y tendenciosa.
Lo anterior es solo una muestra de que en materia de administración de justicia no existe rumbo. No hay indicios de política pública alguna en materia de justicia que permita avizorar en el mediano plazo una verdadera reforma del Poder Judicial, inmerso en inercias entre las que destacan el amiguismo en los nombramientos, la opacidad en la gestión del poder Judicial, la absoluta carencia de evaluación, planeación y controles, y la corrupción.
En los nombramientos que se han hecho en materia de administración de justicia durante la actual administración, el patrón es el mismo: ausencia de una evaluación de la institución que habrá de renovarse, inexistencia de análisis en torno al perfil que deben reunir las propuestas, la falta de una consulta a la sociedad o a los grupos conocedores, interesados o involucrados en el tema, y la absoluta ausencia de reflexión respecto de la idoneidad de quienes son propuestos para desempeñar tan importantes cargos públicos. Solo parece contar la cercanía de quienes son propuestos con el gobernante, sea el propio Gobernador, el Secretario de Gobierno, alguien del Gabinete Estatal o de las fracciones mayoritarias del Congreso, según sea el caso.
Todo ello se realiza en medio de negociaciones palaciegas, sin que en tal proceso tengan participación alguna, ya no digamos la ciudadanía en general, sino siquiera el gremio de profesionistas vinculado al tema, como son los abogados litigantes para el caso. Solo existe una mínima capacidad de cabildeo condicionada a la fortuita o coyuntural cercanía con la media decena de personas que desde el Ejecutivo y, en menor medida el Legislativo, deciden tales nombramientos y ratificaciones.
Cuando los nombramientos públicos se deben a intereses privados se termina por contribuir a crear conflictos de interés que invariablemente se resolverán no en favor de los intereses públicos sino de aquellos que fueron el factor decisivo para el nombramiento. Cuando de nombramientos que tienen que ver con la impartición de justicia se trata, la situación es aún más grave, pues en no pocas ocasiones los principales litigios que tenemos los ciudadanos particulares es precisamente contra actos de autoridades.
Este ejercicio autocrático del poder, en el que la rendición de cuentas está absolutamente ausente, parece consolidarse día con día. La factura, al igual que los fastuosos gastos del Gobierno y el Congreso, corren a cuenta de la ciudadanía.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)