Poder Judicial y transparencia: El reto del Consejo de la Judicatura
El Poder Judicial continúa siendo una institución en la que los vientos de la transparencia no parecen tener suficiente espacio.
Si bien es cierto que en el ámbito federal hay algunos avances tanto en prácticas como en lo que a jurisprudencia se refiere, en estos días ha salido a la luz pública la poca transparencia en el manejo de los recursos. Oscuros manejos de fideicomisos que sirven para asegurar las cuantiosas y jugosísimas pensiones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han quedado al descubierto, dejando muy mal parada a la institución.
Aquí tenemos nuestra versión provinciana del asunto.
Resulta que el Poder Judicial del Estado también tiene su "guardadito". Al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no devuelve los remanentes y con ello hace su cochinito, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado dispone de casi 22 millones de pesos tanto de remanentes como de rendimientos bancarios -jineteo para el vulgo- que sumados a productos y un fondo de apoyo suman la nada despreciable cantidad de 32 millones, de los cuales dispone con absoluta discrecionalidad para distintos asuntos.
Por ley, ninguna dependencia está autorizada a guardar lo que le sobre del presupuesto, ni mucho menos a jinetearlo y disponer de él para repartírselo mediante bonos, compensaciones y estímulos. Los remanentes deben ser devueltos a la Secretaría de Finanzas. Pero el Poder Judicial del Estado no lo hace y con tales recursos realiza adquisiciones en una proporción del 53 por ciento, destina otro 32 por ciento a servicios personales, en los que se incluyen compensaciones y estímulos a Magistrados, y el 15 por ciento restante se destina a servicios generales, materiales y suministros.
¿Cómo se reparten las compensaciones y estímulos entre los Magistrados? De manera generosa claro, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado en la auditoría que practicó detectó que los bonos las compensaciones y los incentivos se reparten de manera discrecional y "sobresalen por su monto el de Magistrados, Oficial Mayor, Contralor, Directores y Jueces, superando éstas (percepciones) de manera considerable el sueldo base".
Los 16 Magistrados recibieron, cada uno, $ 114,900 pesos. Muy a la zaga se quedó el siguiente nivel: los jueces con tan solo $13,240 para cado uno y los Secretarios de Acuerdos con $ 7,100 por piocha, como coloquialmente se dice.
Las fianzas que se depositan por los distintos procesos judiciales generan rendimientos bancarios, al igual que los remanentes, y todo va a dar al guardadito del Poder Judicial.
De aquí la resistencia que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha mostrado en relación a la creación del Consejo de la Judicatura, el cual será el encargado de ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial y administrar los recursos humanos, financieros así como sus bienes muebles e inmuebles.
Ardua labor de transparentar la gestión del Poder Judicial tendrá como tarea el Consejo de la Judicatura, que deberá integrarse por cuatro miembros: uno es el propio Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, para el caso el Magistrado Manuel Bravo Zamora; otro más es propuesto por el Poder Judicial, que en este caso será Jesús Motilla; designará a otro el Ejecutivo, quien se inclina por el ex delegado de la PGR, Ernesto Gerardo De la Garza Hinojosa; y el restante será designado por el Congreso donde se barajan varios nombres, Víctor Jorge Hernández García (asesor de la bancada priísta), Bulmaro Corral (Asesor de la Comisión de Justicia), José Antonio Fernández Ponce (Asesor en la Comisión de Gobernación), María Luisa Portales y hasta el ex diputado panista Ángel Salas.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)