La transparencia en San Luis
A bordo de nuevo el asunto de la transparencia con ocasión del ciclo de conferencias sobre el tema que en colaboración con el reconocido
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organiza el gobierno del estado.
Es bueno que el gobierno del estado promueva eventos de tal naturaleza. Bienvenidos, particularmente por el magnífico nivel de quienes, a través del CIDE, participarán hoy y mañana en él. Mayor provecho tendrá todavía si el gobierno del estado y sus dependencias aprenden algo del mismo, y que no ocurra, como suele suceder, que tales eventos sólo tienen por objetivo el manejo de imagen gubernamental en torno a un tema de moda, y no porque exista la voluntad real de convertir la transparencia en una verdadera y efectiva política pública en el estado. Por lo pronto el martes en la Contraloría del gobierno del estado, presunta organizadora de las conferencias, no sabían dar información alguna del evento y su programa, a pesar de tener un cartel del mismo enfrente.
En esta colaboración pretendo presentar un diagnóstico, preliminar, provisional y limitado, del estado que guarda la transparencia en San Luis. Los límites radican primero en la propia naturaleza de una colaboración periodística, así como en el hecho de que la información disponible se refiere sólo a las solicitudes de información que he tramitado y otras más que he monitoreado puntualmente y que, por ello, sólo representan una parte del universo de solicitudes que han sido presentadas en la entidad. Tal dato, por cierto, difícilmente podría precisarse pues no existen elementos para su sistematización ya que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAI) sólo conoce de aquellos asuntos que mediante el recurso de revisión llegan a su conocimiento.
Del 27 de enero del 2004 a la fecha, he presentado 49 expedientes de solicitud de información pública, 14 recursos de revisión ante la CEGAI y 2 amparos contra la misma, y he seguido puntualmente otros 34 expedientes de solicitud y 4 recursos de revisión. Así el universo de solicitudes de información que alimentan este diagnóstico se refiere a 83 expedientes de solicitud de información, 18 recursos de revisión ante la CEGAI y 2 amparos contra resoluciones de ésta. Como dato comparativo, según datos .de la CEGAI, hasta noviembre del 2004 había recibido 25 recursos de revisión, y este año van alrededor de 45.
En los cuadros que se presentan al final aparece la información que sustenta este análisis.
Cabe considerar que la mayoría de los expedientes se refieren a varias informaciones sobre un mismo tema; así, por ejemplo, al solicitar información respecto de la compra y arrendamiento de vehículos a la Oficialía Mayor se solicitó monto al que ascendió el gasto, número y tipo de unidades, proveedores, y costo unitario. A su vez, las dependencia dan información diferenciada a cada punto. De lo anterior se concluye que las solicitudes de información son superiores a los expedientes de los que cuenta el cuadro. Por razones de espacio sólo resaltaré algunas de las conclusiones que pueden inferirse de los datos.
Solamente 33.7% de los expedientes de solicitud se han resuelto satisfactoriamente con la entrega de la información por la dependencia al usuario, en los términos establecidos por la Ley de Transparencia. La valoración de si este promedio es alto o bajo depende de varios factores y percepciones. Para los usuarios seguramente es bajo, en cambio, para los sujetos obligados bien puede ser hasta excesivo. En mi opinión, el que sólo un tercio de los expedientes se resuelva de manera satisfactoriamente las dependencias revela lo mucho que falta por avanzar en materia de transparencia. Las causas son varias: resistencia de las autoridades, tácticas dilatorias, desconocimiento de la ley y sus procedimientos, entre otros.
Existe un significativo nivel de burocratismo que se revela en, por lo menos, tres de los indicadores que suman 33%: Canalización en círculo sin que ninguna dependencia otorgue la información (6%); Canalización (22%); y Pendientes (3.6%). Luego de un trámite, más o menos largo, estas peticiones llegan bien a ser satisfechas por la dependencia a la cual se canalizó o bien, debe recurrirse a la CEGAI ante su incumplimiento. Sería pertinente sesgar tal información, para efectos de valorar desde una perspectiva cualitativa el cumplimiento de las dependencias en otorgar la información solicitada, por lo pronto y para efectos de esta colaboración, el dato revela la alta carga burocrática que actualmente conlleva para el usuario la búsqueda de información pública: trámites engorrosos y dilatados que desalientan al usuario y de los que se aprovechan las dependencias; la necesidad de hacer constantes y múltiples visitas a la dependencia para estar al tanto de los lentos avances, así como la falta de una debida orientación de las mismas, son algunas de sus causas. Lo anterior conlleva la notoria dificultad de obtener información de forma expedita y oportuna mediante un trámite sencillo y rápido. En uno de los casos, cierta información me fue proporcionada con casi medio año de retraso, a pesar de que, de acuerdo con la dependencia la información solicitada ni siquiera existía. ¿Qué tanto podrían tardarse en darse cuenta de ello?
Casi 22 % de los expedientes de solicitud debieron ser remitidos a la CEGAI ante la insatisfacción del usuario en la respuesta de la dependencia respectiva. Bien puede ser que esté fundada o no la solicitud de revisión del usuario, eso lo decide la CEGAI, pero tal dato es revelador y debe ser debidamente valorado. En tales expedientes hay notorios incumplimientos de la ley por parte de las dependencias, resistencia de las autoridades y, desde luego, terquedad de los usuarios. Lo interesante es conocer el sentido de la resolución de la CEGAI, que para el caso de los 18 expedientes tratados, ha resuelto a favor del usuario en seis, confirmando la decisión de la dependencia en seis ocasiones también, y continúan otros seis en trámite: la moneda está en el aire, de acuerdo cabalístico 666, el número de la Bestia del Apocalipsis.
Las causas por las que el usuario decidió llevar los casos ante la CEGAI son indicativos de los patrones de conducta de los sujetos obligados: por inconsistencia en la información proporcionada (28 %); por considerar reserva da la información (28% ); por considerar confidencial la información (17%) por negativa en proporcionarla (17%); y por exigirse el cobro de copias certificadas que no fueron solicitadas (11%). Este último dato, al trasladarlo a pesos y centavos significa, por ejemplo, que uno de los usuarios la Seduvop le quiere cobrar $3,765.42 por obtener licitaciones que, de acuerdo con la ley son de naturaleza pública.
A la dificultad de obtener información de forma expedita y oportuna mediante un trámite sencillo y rápido de las dependencias, así como a toda a tramitología ante éstas, debe añadirse, una vez obtenida, la falta de calidad, veracidad y confiabilidad de buena parte de la misma: información incompleta, confusa, desordenada, así como simple y llanamente falsa en algunos casos, como el ocultamiento de información relativa a los apoyos que el gobierno rinda a los equipos deportivos profesionales de la entidad.
De la evolución de la CEGAI, elemento clave en el tema de la transparencia, por causas de espacio, escribiré en otra oportunidad.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)