Marcelo de los Santos atenta contra la libertad de expresión
La libertad de expresión juega un papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático. En buena medida, el avance de la democracia depende de ella, y cualquier forma de obstaculización a la libertad de expresión es, a su vez, un grave retroceso democrático.
La libertad de expresión, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, signada por nuestro país, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Los atentados contra la libertad de expresión enumerados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyen la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, como la que hoy día realiza el gobierno de Marcelo De los Santos en contra de La Jornada de San Luis.
En la “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión” aprobada en el año 2000 por la Relatoría especializada en el tema de la CIDH, expresamente se manifiesta que: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión”. (Principio 13 de la Declaración).
El gobierno de Marcelo De los Santos es, entonces, un claro y abierto violador del derecho a la libertad de expresión de los potosinos. Así de simple.
La libertad de expresión no es solamente un derecho de los individuos en lo personal, sino de la sociedad misma. No basta que un individuo pueda hacer uso de su derecho a recibir información mediante la forma que elija, sino que la propia Corte Interamericana ha reconocido que existe el derecho de la sociedad en su conjunto, de recibir información. Ya que a través de ella, se otorga a la ciudadanía una herramienta básica de participación al adquirir el poder de vigilar y controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios públicos, contribuyendo así a fortalecer los procesos democráticos y la rendición de cuentas.
El talante autoritario de la actual administración estatal va configurándose de manera acelerada: falta de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública; abierta represión contra movimientos y líderes sociales, y ahora el atentado contra la libertad de expresión que representa el ataque a este medio independiente y crítico ante los excesos y abusos de poder que caracterizan ya a la actual administración estatal.
Los recursos públicos para publicidad que le han sido asignados en el presupuesto al Gobierno del Estado, no deben asignarse de manera arbitraria y discriminatoria para obstaculizar la libertad de expresión no solo de quienes lo hacemos a través de La Jornada de San Luis, sino contra la sociedad potosina en su conjunto.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)