CEDH y legitimidad

Dada la naturaleza no jurisdiccional de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH) en el sentido de que no son instituciones que formen parte del aparato de administración de justicia, la única fuerza que poseen es de naturaleza ética, que en términos políticos y sociales se conoce como legitimidad.

Una institución como la CEDH, que no puede hacer uso de recurso alguno que obligue a las autoridades y agentes gubernamentales involucrados en la violación a los derechos humanos a cumplir sus recomendaciones, solo tiene como recurso la legitimidad de su actuar.

La legitimidad de la CEDH no se limita sólo al cumplimiento formal de la ley, sino que va más allá, pues además del cumplimiento de la ley debe fundamentarse en los principios generales del derecho, en la razonabilidad, la justicia y la buena fe.

Hoy día Congreso del Estado se prepara a ratificar a la actual titular de la CEDH haciendo caso omiso a la razonabilidad y la buena fe, por lo menos.

Amparados por una ley que otorga amplia discrecionalidad y evade la rendición de cuentas a la ciudadanía, han decidido sin proceso alguno de análisis, consulta o reflexión sobre el tema, refrendar al frente de la CEDH a una administración ineficaz que no ha logrado remontar con su actividad a lo largo de cuatro años la ilegitimidad de haber llegado al cargo como resultado de la imposición del ejecutivo en turno y la servil simulación del Congreso.

En efecto, la actual titular llegó al cargo por directa imposición de Fernando Silva Nieto y el servilismo de la bancada priista, perredista y algunos panistas. Se dice que cuando un actor social carece de legitimidad de origen como es el caso, ésta se puede obtener como resultado de las acciones que con posterioridad desarrolle.

Tampoco puede ser el caso de la actual administración de la CEDH, que observa los más bajos indicadores de desempeño comparados con las anteriores, eso sí, con hasta cuatro veces más recursos y personal.

El asunto es que, cuatro años después de ineficacia y falta de liderazgo en materia de derechos humanos de su actual administración, el proceso de ratificación en puerta también aportará nuevos elementos de ausencia de legitimidad, toda vez que éste no se apega a los principios de razonabilidad, y la buena fe.

No es razonable que se ratifique a un servidor público sin un previo proceso de evaluación, y sin que tal evaluación y sus resultados sean públicamente dados a conocer. Como tampoco lo es que quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, instancia encargada de proceso, haya intempestivamente cambiado de parecer en relación tanto a la valoración de desempeño de quien ahora proponen ratificar, como del proceso que se afirmó públicamente habrían de seguir para la ratificación o relevo en la CEDH.

Tan inopinado cambio de parecer no hace sino revelar el carácter palaciego que nuevamente ha tenido el nombramiento. En la decisión jugó un preponderante papel los saldos que dejó el reciente proceso de selección del Presidente del Consejo Estatal Electoral. De ésta forma, la actual titular de la CEDH logró convencer al coordinador de la bancada priista quien se encargó de hacérselo saber al gobernador.

Este, para evitar la repetición de los públicos desencuentros con sus correligionarios que hacen las veces de diputados, dio la correspondiente señal para evitar desaguisados.

Al interior del grupo parlamentado panista no hubo mayor reparo dada la desatención, desinterés e ignorancia del tema.

Así, como lo fuera por primera ocasión, el seguro nombramiento por el que será ratificada la titular de la CEDH tendrá su origen en arreglos palaciegos entre el Congreso y el Ejecutivo, y nada que ver con la legitimidad que debiera acompañar a una institución cuya única fuerza es ética. Se cubrirán, claro, las formas legales pero no habrá de abonarse nada a la calidad ética de una institución que no ha sabido estar a la altura de las necesidades de la entidad en materia de derechos humanos.

Es importante enfatizar que de la fuerza moral y legitimidad que posea la CEDH depende incluso su propia eficacia. Mientras más fuerza moral y política tenga, mayores serán las posibilidades de éxito. Cuando no es así, aun si consigue que sus recomendaciones sean aceptadas, éstas tendrían poca posibilidad de ser cumplidas, Por ello, quien la preside debe estar dotado de probadas muestras que le distingan como una persona independiente e imparcial de cualquier poder, ya sea político, económico de cualquier otro tipo. No será, se sabe, el caso.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis)