Tláhuac y la erosión de la institucionalidad
Los cruentos e injustificables sucesos de Tláhuac darán mucho sobre qué analizar. Centraré mi reflexión en la creciente pérdida de legitimidad del Estado para el uso del monopolio legal de la violencia y, en contraparte, la presunta legitimidad del uso privado de la violencia para hacerse justicia. Procesos concomitantes que son develados en los sucesos. Atrapados entre ambos procesos nadie sale beneficiado
La impunidad, la ineficacia y hasta la abierta complicidad de las instituciones gubernamentales en hechos delictivos, de todo tipo, han ido minado paulatinamente la legitimidad del Estado de cara al conjunto de la sociedad.
El linchamiento ocurrido en San Juan Ixtayopan, como los que le han precedido en otros lugares, son el síntoma perverso de una crisis de las relaciones sociales; de las normas de convivencia colectiva. Y nos refiere a la ruptura de las reglas y los mecanismos sociales de mando/obediencia, así como al explícito rechazo de las instituciones para ello creadas.
Esta crisis se ha ido desplegando sobre la debilidad del Estado, sobre la pérdida de legitimidad del sistema que lo sustenta, originando que los conflictos sociales se desborden de los cauces institucionales y de los mecanismos de mediación y regulación que alguna vez fueron reconocidos por el conjunto de la sociedad, independientemente de que se estuviera o no de acuerdo con ellos. Ante este proceso, cada vez más sectores sociales empiezan a considerar adecuado asumir lo que consideran la defensa directa de sus intereses sin esperar ni acatar la mediación legítima del Estado, en un proceso que nos coloca al límite del marco legal de la convivencia común y que, cada vez con mayor frecuencia, la conduce por senderos criminales. La débil o inexistente capacidad reguladora del Estado contribuye a profundizar las tensiones en la sociedad.
La deslegitimidad del Estado va de la mano con la tendencia a la privatización de lo que otrora fue el "monopolio del uso legítimo de la violencia", sea de manera organizada o de forma anárquica y tumultuaria. Cuando y donde no hay regulación y control por parte de la fuerza legítima del Estado, se impone el control despiadado de las fuerzas ilegítimas de grupos privados violentos.
Mientras la violencia se privatiza hay, por otra parte, manifiestas tendencias a la "estatización" del crimen organizado, favoreciendo la profundización de varios tipos de ingobernabilidad y, con ello, la generalización de la incertidumbre.
El problema se hace más complejo y grave si, como puede ser el caso de Tláhuac, la legitimidad del uso privado de la violencia es instigado por grupos delictivos.
El proceso aquí descrito solo genera más y peor violencia. La violencia y la criminalidad como forma cotidiana de regulación de las formas de organización de la vida colectiva. La violencia no puede considerarse como una mera patología social, sino una relación conflictiva que surge de intereses y poderes que no encuentran soluciones distintas al uso de la fuerza. Es un nivel de conflicto que no puede procesarse dentro de la institucionalidad vigente porque su legitimidad se ha erosionado.
Es tiempo de reflexionar seriamente sobre nuestro futuro y nuestra viabilidad como sociedad, y asumir el grado de responsabilidad que tenemos en las actuales circunstancias. El Estado tiene, quizá, la más alta. Pero los ciudadanos contribuimos también a la erosión de las normas de convivencia como de las formas y mecanismos institucionales para resolver nuestros conflictos cuando los quebrantamos, por más simples que parezcan: desobedecer un semáforo y las señales de tránsito, tirar basura en lugares prohibidos, estacionarnos en doble fila o lugares prohibidos, por mencionar algunas.
Sí. No se requiere del extremo de participar en un linchamiento colectivo y tumultuario como el de Tláhuac, para contribuir a la extensión de la violencia como forma preferente de regular las relaciones sociales.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)