De los empresarios en el gobierno y la corrupción
Durante un buen tiempo los grupos empresariales abonaron la idea que identificaba a los funcionarios públicos, como ineficientes, improductivos y propensos a las corruptelas con los fondos del erario público. Argumentaban que como los recursos administrados no eran de su propiedad, lo hacían con displicencia y descuido, utilizándolos para su propio provecho.
En contraparte, la administración privada, era el polo opuesto: laboriosa, honesta, creativa y cuidadosa. Ello era así porque, como les había costado esfuerzo y trabajo hacerse de ciertos y abundantes bienes, sabían lo que era cuidarlos. La conclusión era obvia: los bienes públicos administrados por empresarios con experiencia era la mejor garantía para la preservación, la mejor aplicación, y hasta la multiplicación de los recursos públicos.
La ecuación simple de funcionarios/públicos=corruptos, y su contraparte, empresarios=honestos ganó terreno en la opinión pública, tanto por la persistente difusión de estas ideas como por el conocimiento de innumerables casos de corrupción gubernamental durante el periodo del priísmo clásico, que parecían confirmar las argumentaciones empresariales.
La llegada de Fox a la presidencia fue el momento culminante de tal proceso: finalmente la administración pública, y el encanto de administrar sus recursos, quedaría en manos de los agentes productivos, laboriosos, honestos y creativos. Resistentes al canto de las sirenas de la corrupción gracias a los valores que adquirieron a lo largo de su formación, cursada la mayoría de las veces en instituciones educativas privadas y de inspiración católica.
Sin embargo tal visión no resiste la prueba de la experiencia, ni a nivel nacional (Lotería Nacional, Vamos México, Pro-vida, etc), como tampoco en nuestro estado, tal y como lo evidencian las irregularidades del Interapas, los acuerdos con la empresaria hotelera metida a Secretaria de Turismo, y la asignación sin licitación pública de por medio del servicio de alimentación en la penitenciaría (con su rimbombante nombre actual de Ceprereso) a un empresario amigo y correligionario de la actual administración. Por mencionar tan solo lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación en las últimas dos semanas.
La propensión a utilizar los recursos públicos, administrados ahora por empresarios, para favorecer y enriquecer a los integrantes del propio gremio, no parece ser exclusiva de los políticos de antaño.
La corrupción es un fenómeno mucho más amplio y complejo que el de la caricatura creada de manera intencional e interesada por los grupos empresariales.
Los diferentes enfoques sobre la corrupción, suelen asumir definiciones y aproximaciones parcializadas, insuficientes y hasta interesadas, sea por comodidad, dolo o por pereza mental, puesto que a partir de ellas, se influye en la elaboración y ejecución de políticas y marcos normativos que luchan contra la corrupción.
Hay muchos y alarmantes indicios de que la administración pública en manos empresariales dista demasiado de ser honesta y transparente o ser conducida necesariamente con integridad y apego a la ley.
La corrupción es un fenómeno estructural -que incluye elementos individuales y colectivos- que violenta las diferentes relaciones sociales de una comunidad en cualquiera de sus ámbitos (local, regional, nacional, mundial). Violenta las relaciones políticas y debilita al Estado; violenta las relaciones económicas bajo la apariencia de reducir costos y afectando a los pobres y extremadamente pobres; violenta las relaciones personales al introducir patrones fuera de las reglas social o legalmente admitidas y violenta el conjunto de valores que deben ser la base de una sociedad democrática. En rigor, la corrupción como fenómeno estructural, violenta al individuo y a la vida social, política, económica y cultural.
Los recursos utilizados en la corrupción, por otro lado, desvían fondos para actividades que no necesariamente son prioritarias para la sociedad o las personas impidiendo invertir o focalizar la actividad pública, social o privada en programas sociales orientados a combatir la pobreza. Es por ello que, en última instancia, la corrupción afecta directamente a los más pobres. Ésta es la otra parte de la dimensión económica de la corrupción.
Cuando desde las propias esferas del Estado o del gobierno, la corrupción se convierte en instrumento de gestión gubernamental, la democracia se debilita mucho más.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)