Cambios en los organismos públicos de derechos humanos
Llega el turno a los organismos gubernamentales de derechos humanos de dar cuentas de su trabajo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene 14 años de creada, la Comisión Estatal (CEDH) 11. Ambas, de manera coincidente, enfrentarán el proceso de renovación de sus titulares.
Lo primero que debe hacerse es una evaluación de su desempeño, para evitar que sean los intereses particulares de grupos vinculados a los partidos políticos, a los órganos legislativos, o peor aún al Ejecutivo en turno, quienes decidan unilateralmente sobre el tema, tal y como ha venido sucediendo en anteriores procesos de renovación de tales organismos públicos. La evaluación del desempeño deberá conducir a la elaboración de un perfil para ocupar el cargo.
El perfil de quien preside de la CNDH o las distintas CEDH marca la dirección que siguen tales instituciones, por ello, deben ponerse todos los esfuerzos de que disponen los miembros del Senado, en el primer caso, y el Congreso del Estado en el segundo, para garantizar que la persona que seleccionen sea aquella que dé un impulso fuerte y claro a la defensa de los derechos fundamentales.
Me centraré, por ahora, en el caso de la CNDH.
El pasado 30 de septiembre apareció publicada la convocatoria para el proceso de nombramiento del titular de la CNDH, ya que el 15 de noviembre concluirá el periodo para el cual fue electo el actual Presidente, José Luis Soberanes.
Soberanes se quiere reelegir, lo cual es legalmente posible, pero distintos estudios[1] sobre el desempeño de la CNDH demuestran que su gestión no cumple con un estándar de calidad, con base a los instrumentos internacionales en la materia, que garanticen que su desempeño represente un avance en materia de políticas públicas de derechos humanos en el país. Por ejemplo, la CNDH se ha mantenido al margen del proceso de trabajo del acuerdo de Cooperación Técnica entre el gobierno Mexicano y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, firmado en diciembre del 2001.
La CNDH ha mostrado una gran falta de interés en temas específicos de derechos humanos, algunos de ellos controversiales, como los que afectan a grupos vulnerables: pueblos indígenas, derechos de las mujeres, niños de la calle, diversidad y salud sexual. Y en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros, son tratados de manera deficiente sin calidad de estandar internacional.
La CNDH, con base en su reglamentación impide la transparencia y posibilidad de ejercer un monitoreo cabal de su gestión. Es difícil obtener información sobre el ejercicio de su presupuesto; tampoco se puede conocer la información sobre expedientes de queja, aún preservando la confidencialidad de las víctimas.
Si comparamos la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la CNDH con otras instituciones internacionales, del escándalo y el asombro, nos vamos a la franca indignación. ¿Cómo es posible que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que cuenta con una plantilla de 200 personas, y tiene un sistema completo de relatores especiales y con oficinas en algunos países, además de que cada año la oficina recibe alrededor de 400,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, con resultados palpables a nivel internacional y, sin embargo, cuenta con sólo el equivalente a una tercera parte del presupuesto anual de nuestra CNDH? Lo mismo ocurre si la comparamos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, que solo cuenta con la décima parte del presupuesto de la CNDH. Peor aún si se le compara con los indicadores de instituciones homólogas de países, que tienen una amplio reconocimiento a nivel mundial, como es el caso de Ghana. El problema no es, desde luego, el presupuesto sino la eficiencia, la eficacia y la efectividad para implementar políticas públicas en materia de derechos humanos.
Es por ello que un amplio grupo de organismos no gubernamentales (ONG´s) de derechos humanos, se ha pronunciado abiertamente en contra de la reelección de José Luis Soberanes al frente de la CNDH, y propone para tal cargo a reconocidos defensores independientes de los derechos humanos, tales como: Guadalupe Morfín Otero, Oscar González y Emilio Álvarez Icaza.
Reitero: llega el turno a los organismos gubernamentales de derechos humanos de dar cuentas de su trabajo.
[1] Estudios realizados por el ITAM – Proyecto Atalaya, Fundar, AC, el International Council for Human Rights Policy, Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, y la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)