¿Qué hay detrás del conflicto en Cerro de San Pedro?
A estas alturas queda suficientemente claro que el conflicto de Cerro de San Pedro ejemplifica nítidamente la lucha entre dos visiones de la economía, el desarrollo, la sociedad, la cultura, y en general, el mundo al que aspiramos los distintos seres humanos.
Para la empresa canadiense, el gobierno federal, el gobierno estatal, el PAN, los representantes de los órganos empresariales locales, en fin, del poder, prevalece una visión economicista por encima de todo. Para ellos el proyecto minero de la transnacional aportará "desarrollo", entendido como un proceso de crecimiento económico, una expansión rápida y sostenida de la producción, la productividad y el ingreso, el cual supuestamente se distribuirá entre los habitantes de la región. Según esto la reactivación económica es fuente infalible de desarrollo social particularmente mediante la inversión y los empleos. Los efectos negativos o, como suele decirse en el argot militar al uso, "daños colaterales", se minimizan y pasan a segundo plano. En la lista se encuentran: el daño al medio ambiente, la destrucción del patrimonio histórico y cultural, y hasta la propiedad de los ejidatarios.
Quienes nos oponemos al proyecto lo hacemos porque no tenemos evidencias alguna de que proyectos de esta naturaleza, y este en particular, signifiquen desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo, y porque hemos dejado de creer en la bondad de proyectos impulsados por los grandes intereses económicos y políticos de los poderes locales y globales. Tampoco compartimos el concepto de desarrollo economicista que privilegia el poder, sino que concebimos el desarrollo como un proceso que aumenta la libertad efectiva de quienes se benefician de él para llevar adelante cualquier actividad a la que le atribuyen valor, y en el que el desarrollo económico y social están culturalmente condicionados.
No es un asunto de mera creencia en el sentido religioso del término, es decir en la adhesión de fe a un principio independientemente de las evidencias sensoriales o racionales.
Hay múltiples ejemplos alrededor del mundo, como lo he expuesto a través de algunas de mis colaboraciones (3 y 10 de junio), de proyectos similares y de los graves e irreversibles daños ecológicos, económicos y sociales que han ocasionado.
El punto ahora no es solo las dos visiones encontradas y sus objetivos o, éticamente planteado, la conciencia del fin perseguido, sino los medios para realizarlo y el empleo de ellos para alcanzar así, finalmente, el resultado querido.
Quienes impulsan el proyecto de la Minera San Xavier no han reparado en mentir y engañar (en el Estudio de Impacto Ambiental, en la modificación de la extensión temporal y territorial del proyecto, así como el las cantidades de uso de cianuro y explosivos, etc.); hacer uso del influyentismo, la presión y hasta recurrir al soborno (con lo que lograron la claudicación del Presidente Municipal); así como buscar todo tipo de argucias legales que les permitan torcer a la propia ley (el contrato de arrendamiento con falsos ejidatarios, la compra ilegal de terrenos municipales y ejidales así como de derechos de extracción de agua del acuífero de la zona, y ahora la solicitud de "ocupación temporal" que le permita sortear los amparos que ha perdido).
Cada vez lo hacen con mayor descaro particularmente el gobierno federal y estatal. La más reciente evidencia de ello son las declaraciones del Secretario de Economía, Canales Clariond, en el marco de la hollywodense gira de Fox.
Quienes nos oponemos al proyecto, cada quien en el marco de sus posibilidades, conocimientos y actividades, hemos recurrido a la información y toma de conciencia de la ciudadanía, a los legales y legítimos movimientos de protesta y manifestación, así como a la ley que hasta el momento nos ha dado la razón y mantiene jurídicamente derrotados al proyecto y a la empresa.
Es una batalla desigual. La ley existe precisamente para equilibrar tales diferencias sometiéndo las visiones encontradas a una serie de reglas y normativas establecidas en el orden jurídico. Pero la interpretación y aplicación de la ley en nuestro país tiene tristes antecedentes respecto de su poca fortaleza ante los embates del poder político y económico tanto local, como ahora, globalizados
En juego está, no solamente los daños al medio ambiente, la salud, el patrimonio histórico y cultural de los potosinos y potosinas de hoy y de las futuras generaciones, sino también la legitimidad del gobierno y del uso mismo de la ley.