¿Es verdad que ya ganó Minera San Xavier?

Es la pregunta que flota en el ambiente luego de que, presionado por el gobierno federal y estatal, el cabildo de Cerro de San Pedro decidió renovar los permisos municipales de construcción a la empresa.

La empresa ha logrado, a través del impacto en los medios de comunicación, modificar parcialmente la percepción de los ciudadanos y posicionarse como triunfadora. Pero la renovación de los permisos municipales es solo un triunfo aparente y engañoso, que está siendo utilizado de forma propagandística.

La renovación de los permisos municipales no le permiten, legal y prácticamente, hacer nada a la depredadora compañía transnacional, empeñada en destruir Cerro de San Pedro con el abierto y decidido apoyo del gobierno foxista y de su contraparte estatal.

Esto es así porque el Poder Judicial de la Federación ha emitido dos resoluciones que impiden operar a la MSX debido a que esta ha actuado dentro de la ilegalidad.

La primera de ellas es la emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito que, el pasado 18 de marzo resolvió anular el contrato de renta de 280 hectáreas realizado por la transnacional y un grupo de falsos ejidatarios. Si bien los representantes legales de la depredadora compañía, que también fueron representantes ante las autoridades electorales del actual gobernador en el reciente proceso electoral, han interpuesto un recurso, no existe resolución aún y por ello se mantiene vigente la nulidad impidiéndose en los hechos el actuar de la compañía.

La otra resolución del Poder Judicial de la Federación es el amparo otorgado el pasado 14 de junio por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en favor de la organización ecologista no gubernamental Pro San Luis Ecológico. En dicha resolución, que es definitiva y no puede ser impugnada, el Tribunal establece que la autorización condicionada que el Instituto Nacional de Ecología (SEMARNAT) otorgó en 1999 para autorizar el cambio de uso de suelo a favor de Minera San Xavier, no debió otorgarse ni siquiera de manera condicionada al cumplimiento de las 100 obligaciones que se pusieron a la empresa.

Tal permiso del INE ha sido el ariete legal que ha utilizado tanto la compañía minera como sus aliados del gobierno federal y estatal, para impulsar dicho proyecto. De hecho fue el permiso que desencadenó todo el conflicto, pero ahora ha quedado suspendido porque el Poder Judicial Federal lo considera violatorio de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como del Decreto Administrativo del Congreso del Estado de San Luis Potosí que el 24 de septiembre de 1993 aprobó el Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada, que abarca los municipios de San Luis Potosí, Soledad, Mexquitic, Villa de Zaragoza y el propio Cerro de San Pedro, y en el que establece como reserva ecológica la zona del depredador proyecto minero.

Así que la renovación del permiso del municipio no significa que la compañía minera pueda operar ni nada por el estilo. Solo sirvió para evidenciar la voluntad de poder y avasallamiento de la transnacional contra el orden jurídico y político.

Tan le es imposible operar a la Minera San Xavier que, reconociendo implícitamente su derrota legal agraria y administrativa, ha solicitado el recurso de la "ocupación temporal" ante la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía.

Con tal acción la minera canadiense-norteamericana se ha descarado, pues ha dado a conocer que los datos originales con los que solicitó el permiso ahora suspendido por el Noveno Tribunal Colegiado, eran simple y llanamente falsos pues casi septuplican el área del proyecto y triplican el inicial periodo de explotación considerado, con lo que el uso de cianuro y explosivos se disparan en proporciones geométricas que modifican severamente el estudio de impacto ambiental que realizó la empresa para el permiso inicial, hoy por hoy suspendido por el Poder Judicial Federal.

Con ello se demuestra y confirma que la Minera San Xavier no reparará en mentiras, manipulaciones, influyentismo y todo tipo de recursos para sojuzgar el orden jurídico, a las autoridades legalmente establecidas, la opinión pública potosina y todo lo que deba ser violentado en su afán de lucro económico a cambio del irreversible daño al medio ambiente y el patrimonio cultural de los potosinos.

Pero el recurso de la ocupación temporal solicitado por la minera no es sino el inicio de una medida desesperada de la transnacional, que también será combatido legal y socialmente por los ejidatarios y la ciudadanía consciente de los graves riesgos que corre nuestra ciudad y sus generaciones futuras.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis)