Guerra sucia y reparación
La creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en enero del 2002 se realizó como resultado de la exigencia ciudadana para aclarar lo sucedido durante el periodo en que el Estado mexicano hizo uso de la represión ilegal para combatir, desarticular y eliminar a los movimientos sociales que, ante la percepción de que la vía legal y política estaba agotada, promovieron la acción armada como estrategia para el cambio. Pero la figura de fiscalía, que no de Comisión de la Verdad como algunos propugnaban, le otorgó también un sentido respecto de que no sólo se trataba de aclarar lo sucedido sino, sobre todo, de llevar ante la justicia a los responsables de los actos represivos del Estado.
Es importante reparar en el hecho de que en todo proceso de rendición de cuentas sobre actos represivos cometidos por el Estado se deben cumplir una serie de condiciones indispensables: el conocimiento de la verdad; la impartición de justicia, y la reparación a las víctimas y a la sociedad.
El conocimiento de la verdad. La verdad implica, no sólo el conocimiento de los hechos que deben obtener las víctimas, sino la memoria histórica por parte de la sociedad. Más aún, el Estado tiene a su cargo el deber de la memoria a fin de proteger a la sociedad y a él mismo contra las tergiversaciones de la historia, como lo son el revisionismo, el negacionismo y la simple y llana desmemoria. La memoria histórica de los pueblos y las comunidades es uno de los más importantes patrimonios que debemos actualmente preservar, ella puede ayudarnos a muchos o a algunos, a no repetir atrocidades contra los seres humanos. Por ello hay que saber lo que pasó aquel 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el jueves de Corpus de 1971, en el combate a los grupos armados durante la década de los setenta y ochenta, tanto como conviene a la humanidad saber lo qué paso en Auschwitz, Dachau, Treblinka, el Estadio Nacional de Chile, la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, Sabra, Chatila, Mai Lai, Camboya, El Mozote, Acteal y Abu Grahib. Pero la verdad debe ir acompañada, además, de su más amplia difusión entre la sociedad.
Impartición de justicia. Esta obligación, de conformidad con la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH), implica el deber del Estado de investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables por la violación de derechos fundamentales.
En conformidad con los criterios establecidos por distintos órganos internacionales como la propia CtIDH, medidas como la “amnistía, la prescripción o el indulto” son violatorias en sí mismas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuando tengan el efecto de eximir al Estado de su obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos; provocar cualquier actuación estatal que propicie la impunidad de dichas violaciones y no reestablezca, en cuanto sea posible, a las víctimas en sus derechos, entre otros.
Debe subrayarse que estos procesos deben ser competencia exclusiva de los tribunales del fuero común, en dónde se cumpla con las normas de debido proceso y protección judicial, y fuera de la competencia de los tribunales militares, los cuales deben estar estrictamente limitados a conocer aquellas faltas o infracciones cometidas por militares en contra de la disciplina militar en ejercicio de sus funciones, la cual no incluye, en ningún momento, la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.
Reparación a las víctimas y a la sociedad. Finalmente, la justicia debe servir como el punto de partida necesario para los procesos de reparación y restitución a las víctimas. Al respecto, es fundamental considerar que la reparación debe incluir, en la medida de lo posible, la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de no repetición, así como otras formas de reparación que sean convenientes. Ello implica el reconocimiento por parte de las instituciones de las violaciones cometidas, no sólo frente a las víctimas sino ante la sociedad en general.
Lo anterior es el primer paso para lograr un proceso de reconciliación y de recomposición del tejido social.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)