La transparencia ¿Cuándo?

El anteproyecto de Ley de Información Pública del Estado que vendría a sustituir a la actual Ley de Transparencia parece naufragar aún antes de zarpar.

Dicho anteproyecto fue calificado por Ernesto Villanueva y Salvador Nava Gomar, dos de los más prestigiados expertos del país en la materia, como el mejor y más avanzado en la materia. Lo hicieron en los foros que el propio Congreso local, a través de su Comisión de Transparencia, convocó sobre el tema. Durante las conferencias se hicieron alusiones al anteproyecto de ley, sin que este se discutiera abiertamente.

Todo parecía marchar bien, pero de unos días a la fecha varias autoridades han señalado observaciones respecto del anteproyecto señalando que será “caro”, “inaplicable”, “ambicioso” y cosas por el estilo. Entre ellos el propio gobernador y el presidente del Consejo Estatal Electoral, por citar algunos. Y del optimismo de los propios integrantes de la Comisión de Transparencia del Congreso que impulsaba el anteproyecto, se ha pasado a declaraciones más recatadas y posturas inversas a su inicial impulso. ¿Qué ha pasado para que suceda tal viraje?

En principio es razonable y deseable que se consideren las observaciones que algunos de los involucrados, a modo de sujetos obligados, tengan respecto de las obligaciones que les acarreará la puesta en marcha de tal ley. Lo preocupante es que solo se esté consultando a uno de los sujetos de la ley, en este caso los sujetos obligados, sin que exista un diálogo o intercambio de opiniones directo entre ellos y los otros sujetos de la ley: los interesados en acceder a la información pública, en sentido amplio, los ciudadanos.

Desde luego que la ciudadanía en su conjunto no necesariamente estará interesada en esta ley, pero existen ciertos sectores de ciudadanos que sí lo estamos por distintas causas y vemos con preocupación que solo vayan a prevalecer los intereses de los sujetos obligados que, como es natural, ofrecerán reticencias y resistencias a un ordenamiento de esta naturaleza. No se trata de que prevalezca el interés de unos sobre los otros, pero hasta el momento solo ha habido opiniones de los sujetos obligados, y son estas sin duda las que han hecho que el impulso inicial se empiece a desvanecer.

El anteproyecto no ha sido divulgado, al menos de manera abierta, entre los interesados por parte de la ciudadanía: grupos empresariales; agrupaciones profesionales -especialmente periodistas-; ONG´s; grupos académicos; agrupaciones sindicales, etcétera.

Las reticencias y resistencias de los sujetos obligados por la ley, es decir las autoridades públicas, bien pueden ser legítimas. Ellos seguramente, aunque no de manera exclusiva, aportarán también una visión administrativa realista de las implicaciones prácticas de los procedimientos establecidos en el anteproyecto, que seguramente ayudarán a afinar mejor la ley. Pero si esto no se realiza de una manera pública y abierta, en donde tales observaciones puedan ser valoradas también por los sectores ciudadanos interesados en el tema, queda la impresión de que su oposición al anteproyecto obedece, más bien, a los temores de transparentar la administración pública y la rendición de cuentas, así como mantener bajo control la auditoría ciudadana. Considero que la Comisión de Transparencia del Congreso debería convocar a mesas de trabajo públicas sobre el anteproyecto, con la participación de los sujetos de la ley: tanto de los obligados, como de los sectores ciudadanos interesados en el tema.

Concluyo señalando que, en la práctica, quienes hemos deseado aplicar la ley solicitando información a algunas dependencias nos estamos enfrentando a obstáculos serios que van desde el desconocimiento grosero de la ley, la falta de atención, indolencia, indiferencia, burocratismo, la hostilidad y hasta la mofa y patanería de algunos servidores y servidoras públicas. Esto por mencionar tan solo las actitudes de algunos de los sujetos obligados y sin hacer mención de los mecanismos y procedimientos contenidos en la propia ley que obstaculizan aún más el logro de su objeto: acceder a la información gubernamental.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis)