El reciente informe de la CEDH

Que el asunto más resaltado respecto del reciente informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sea el ambiente de tensión que se respiró ante el posible encuentro entre Gustavo Barrera y el Gobernador, y no el contenido del informe mismo o el mensaje de su presidenta, resulta revelador en relación al papel de bajo perfil que la CEDH ha mantenido desde su creación hace once años.

Creada por efecto de reformas constitucionales promovidas por Salinas de Gortari, quien amplió así a todo el país su estrategia de cortina de humo en materia de derechos humanos, la CEDH ha quedado atrofiadamente vinculada desde sus orígenes a los intereses del Ejecutivo en turno.

Los titulares que la han presidido han sido, con plena complacencia y hasta contubernio del Congreso, nombrados por el Ejecutivo y seleccionados de entre un círculo vinculado ya sea a sus amistades, familia, ambiente social o intereses políticos, pero sobre todo con la idea de que quién presida la CEDH no se convierta en un colaborador incómodo, por lo que se ha optado por mantener una presidencia, un Consejo (con algunas excepciones) y, finalmente a la CEDH misma, en un perfil de baja intensidad en materia de defensa y promoción de los derechos humanos.

Esto es así porque no ha existido el interés de convertir el tema de los derechos humanos en un compromiso de política pública, sino que se ha preferido mantenerlo como una política de imagen.

El reciente informe de la CEDH es una continuación de la saga de los anteriores: un galimatías numérico que esconde y evade el análisis cualitativo de la labor de la CEDH y, en general, de la situación de los derechos humanos en la entidad. Una de las graves deficiencias del organismo es que no investiga ni estudia los patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos, a pesar de contar con los elementos para hacerlo, y su labor está orientada principalmente a recepcionar casos individuales o grupales sin vincularlos con los elementos estructurales que causan las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior es notorio en el mismo informe que dedica el 64 % de su espacio a fotografías (12 %); gráficos (27 %); y listados individuales, municipales y de autoridades diversas (25 %).

Aún desde la mera perspectiva cuantitativa el informe mantiene la larga tradición de inconsistencias que han caracterizado prácticamente a los diez anteriores. Así entonces la simple suma de los casos atendidos no cuadra. El informe asegura haberlo hecho con 8,202 usuarios, pero el cuadro de referencia que lo desglosa realmente suma 7,584. Tampoco suman las recomendaciones emitidas en el año pues en el desglose de las visitadurías suman 15 y tanto la Presidenta como el rubro estadístico de las mismas informan de veinte. Inconsistencias que provienen de errores elementales y equívocos que revelan lo mismo descuido en la supervisión y redacción final, como el hecho de que hasta sus propios redactores terminan haciéndose bolas en la maraña numérica que ocupa en abrumadora mayoría el informe.

Los desgloses numéricos de las asesorías y quejas atendidas por las visitadurías refleja el laberinto burocrático al que ha sido condenada una institución que, por su función en la defensa de los derechos humanos, debiera caracterizarse por un tratamiento particularmente expedito y hasta urgentemente cautelar. De tal forma que los cuadros y números que pretenden dar cuenta de la actividad realizada son un marasmo entre sumas y restas que tampoco cuadran y no resisten la prueba de la aritmética básica.

Dos tímidos esbozos, uno sobre el análisis cualitativo de su labor y otro sobre una pequeña agenda encaminada a incidir en las políticas públicas sobre el tema, asoman perdidos en el cúmulo de información cuantitativa, relleno y paja. No suman cinco páginas en medio de las 174 de que consta, sin contar índice, organigrama, portada, datos de impresión y siete páginas en blanco.

El informe refleja lo que ha sido la CEDH: un apéndice gubernamental burocrático que funciona como paliativo y distractor del grave problema estructural de los derechos humanos; una institución de bajo perfil que poco ha aportado para resolver los problemas tanto concretos como estructurales que en materia de violación a los derechos humanos padecemos los potosinos; una institución carente de liderazgo y legitimidad social incapaz de incidir en las políticas públicas respecto de los derechos humanos.

Lamentablemente tal situación era previsible, toda vez que tales fueron las intenciones políticas por las cuales el gobierno estatal creó la CEDH y la ha mantenido, con complacencia del Congreso, bajo su influencia. Una nueva oportunidad se abre para los actuales poderes Ejecutivo y legislativos que pueden, si existe voluntad política, poner fin a la lamentable inercia con que se ha conducido durante once años la CEDH.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis)