De la llevada y traída transparencia
El tema de la transparencia empieza a correr un derrotero muy parecido al de otros que surgen como una especie de "boom", en la que propios y extraños coinciden en señalar como esencial en el ejercicio del poder y la administración pública, pero a la hora de implementarlo surgen los escollos, las complicaciones, los "inconvenientes", los "asegunes" y todo tipo de resistencias. Sin embargo, como ir contra el tema o ser abiertamente reticente, "se ve mal" y crea "mala imagen" las autoridades, suelen optar por un tratamiento "ligth" del tema, donde se priorizan las declaraciones pomposas y efectistas a través de los medios de comunicación y se evade realizar las reformas estructurales tanto en la legislación como en la administración pública, que efectivamente creen condiciones para mejorar en tales asuntos.
La mala imagen es algo que preocupa particularmente a los gobernantes de hoy en día, de ahí que los índices de popularidad y el "manejo de imagen" registren un notable aumento en sus gastos y preocupaciones.
Por ello temas sustanciales como los derechos humanos y el acceso a la información pública, que forma parte de los primeros, suelen ser tratados no como política pública sino como "asunto de imagen".
La diferencia es clara. Si en verdad tales temas fueran política pública se realizaría una planeación estratégica sobre sus problemáticas; mediante ella se establecerían metas a corto, mediano y largo plazos, tomándose las medidas legislativas y administrativas correspondientes; se destinarían los recursos apropiados de una manera progresiva y eficiente; y todo ello estaría acompañado por una evaluación de los pasos, medidas y resultados específicos que la planeación inicial hubiese arrojado.
Pero como el asunto es de imagen, las medidas que se toman en tales temas están dictadas por una lógica que privilegia el efecto en la popularidad, la mercadotecnia de imagen y, sobre todo, el futuro político personal.
Algo parecido empieza a pasar con el asunto de la transparencia. En marzo del año pasado, sin interés o conocimiento alguno del asunto, la dócil legislación aprobó la propuesta del Ejecutivo. Motivado más por la moda del tema y la compostura de su deteriorada imagen, el anterior ejecutivo, impulsó una ley poco operativa y con serias lagunas procedimentales que, en los hechos, dificulta y complica la posibilidad efectiva de acceso a la información.
La nueva legislación, parecía haberse tomado en serio el asunto, y de entrada realizó algunas modificaciones, a modo de remiendos, para operativizarla, pero sobre todo inició un proceso de reflexión y análisis que incluyó la realización de foros con expertos de primer nivel en el tema. Todo parecía marchar bien, inclusive existe un anteproyecto que no dudaron los expertos participantes en los foros en señalar, como el mejor y más avanzado de la materia en el país. Y luego: el atorón y el franco recule.
De las rimbombantes declaraciones de que la ley, actualmente vigente, era bastante deficiente y que no bastaba con modificarla, sino que era necesario derogarla se ha pasado a la simplonería de afirmar que las adecuaciones se harán sobre la marcha. Hasta una advertencia parece haber realizado en días recientes el propio Gobernador, respecto de las modificaciones a la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado.
¿Algún problema con la transparencia? Tal parece.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)