El diagnóstico de la ONU sobre derechos humanos en México
En diciembre del 2003, la Oficina del Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, presidida por el sueco Anders Kompass, dio a conocer el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Ayer visitó la ciudad para darlo a conocer.
En mi anterior colaboración, sin saber entonces que vendría, aborde los aspectos de dicho informe referentes a las opiniones y recomendaciones que en él se vierten sobre el desempeño de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
Presentaré ahora un panorama general del mismo, recordando que tal informe fue elaborado contando con la participación de reconocidos expertos mexicanos en el tema, así como a través de un amplio proceso de consulta tanto con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como con las comisiones gubernamentales tanto la nacional (CNDH) como las estatales (CEDH).
Integrado por siete capítulos, el primero de ellos de carácter general y el resto relativo a algún derecho humano en específico, muestra el carácter integral del informe en conformidad con la doctrina de los derechos humanos que, si bien, distingue y precisa una serie de derechos como los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, se afirma que todos están estrechamente vinculados, y que la violación a alguno de ellos conlleva la del resto, lo mismo sucede con su goce efectivo: no se puede respetar ni garantizar de manera efectiva un solo tipo de derechos humanos, sin hacerlo con los demás.
Igual ocurre con los grupos humanos, ya que todos los derechos deben ser para todos. Por ello y en consonancia con la reconocida doctrina de los derechos humanos algunos de los capítulos se dedican a los derechos humanos de grupos específicos que por su condición social son más vulnerables que otros al no goce efectivo de sus derechos: mujeres (cap. 5), pueblos indígenas (cap. 6); y otros más a cuya vulnerabilidad se agrega el elemento de discriminación como los migrantes, niños, ancianos, refugiados, enfermos mentales, discapacitados, personas con diferente preferencia sexual y portadores del VIH/SIDA (cap7).
En cada capítulo se sigue un esquema parecido que inicia por un diagnóstico de la situación, analiza los recursos legales disponibles en el país en torno al derecho específico o los grupos vulnerables que trata el capítulo, y termina con una serie de propuestas.
Es un impecable documento, que logra lo que en su prólogo señala: "identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en México, con base en un análisis no coyuntural. Su intención es formular propuestas realistas y viables con un espíritu constructivo. Se trata -continúa el documento- de una contribución para que sociedad y autoridades identifiquen prioridades y a partir de ello promuevan y desarrollen leyes, instituciones, programas y procesos que permitan evolucionar hacia un Estado respetuoso de los derechos de sus ciudadanos".
Treinta y una recomendaciones, o propuestas, generales anteceden al documento, mismas que son detalladas a lo largo de los capítulos.
Diez son de alcance general y abordan desde reformas constitucionales, el sistema gubernamental de las CEDH, garantizar métodos de consulta a la sociedad civil, así como campañas de educación sobre los derechos humanos, sin dejar de mencionar de manera explícita la gravedad del feminicidio en Ciudad Juárez; dos recomendaciones más se refieren al tema de la administración de justicia; una sobre Seguridad Pública; tres más sobre Derechos Civiles específicos como las concesiones de radio y televisión, la organización sindical y el derecho a la objeción de conciencia en materia militar; cuatro respecto de los derechos humanos de las mujeres poniendo énfasis en la erradicación de la violencia que suelen ser objeto en nuestro país; una para los pueblos indígenas; acerca de los derechos económicos, sociales y culturales hay siete, lo cual refleja la grave condición y deterioro de los mismos entre los mexicanos y mexicanas; sobre los derechos políticos se hacen dos recomendaciones y, finalmente; una recomendación de carácter instrumental con el objeto de atender y llevar a efecto todas las anteriores.
Son propuestas realistas e implementables que señalan un claro derrotero que deberemos transitar en materia de derechos humanos. Son los indicios de una reforma jurídica posible que conducirá gradualmente a la creación de una cultura de respeto a todos los derechos, para todos.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)