Democracia y Estado de Derecho
El concepto de democracia, hoy día, atraviesa por una seria crisis, independientemente de la distinta concepción que se tenga de ella. Precisemos el concepto y entendamos por democracia un sistema político que debiera reunir, por lo menos, dos características. La primera se refiere a su legitimidad de origen, es decir, al hecho de que quienes ocupen los cargos de gobierno lo hagan por haber llegado a ellos mediante procedimientos electorales dirigidos por autoridades más o menos imparciales, y en relativas condiciones de libertad para los electores y equidad para los participantes, de tal forma que tales procesos sean, por decirlo así, auténticos.
En segundo término la noción de democracia debe incluir, en mi opinión, el concepto de estado de derecho, lo que significa que el gobierno emanado de un procedimiento electoral más o menos imparcial, libre, auténtico y equitativo debe limitar su actuar al marco de las obligaciones y los derechos que la ley le otorga y garantizar que éstos sean efectivamente gozados por todos los ciudadanos que conforman dicho estado, sin distinción o discriminación por edad, sexo, creencias, opiniones, grupo étnico, condición económica, grado académico, entre otros. De tal forma que más propiamente deberíamos hablar de un estado democrático de derecho.
Si con tales criterios mínimos, evaluásemos el sistema político mexicano y otros, desde luego, nos daremos cuenta lo mucho que falta por avanzar. Debemos reconocer que ciertamente en lo que se refiere a los procedimientos electorales, existen autoridades muchísimo más imparciales de las que hace solo una década existían. En cuanto a la libertad de los electores, esta se ha ampliado aunque con límites regionales y culturales, de tal forma que el avance es notorio en las zonas urbanas, pero las zonas rurales siguen siendo aún acosadas por el corporativismo, y el clientelismo, y hay padrones electorales, como el de nuestro estado, en el que la población rural sigue teniendo un importante papel decisorio en los resultados. Sobre la equidad de los participantes hay poco que decir, pues los recursos disponibles y utilizados por las dos principales fuerzas políticas (PRI y PAN) son abismales en relación con el resto, y para algunos tal inequidad deslegitima de raíz tales procesos toda vez que la mítica historia de David y Goliat solo ocurre precisamente en el terreno del mito, no en el de la arena política.
La crisis democrática no para aquí, sino que se extiende y de manera más neurálgica, si cabe el énfasis, en lo que al segundo punto se refiere debido a la incapacidad de la “democracia” por construir un estado de derecho parejo, equitativo, justo para todos los habitantes que conforman los estados nación típicamente republicanos y occidentales surgidos a lo largo del siglo XIX y XX.
Ciertamente los sistemas políticos formalmente democráticos han creado un marco legal y jurídico para organizar la vida colectiva de los grupos sociales insertos en su territorio, pero este no opera en el mismo sentido para todos ellos, ni en lo referente a su aplicación tanto como en la cobertura, protección, ampliación, tutela y garantización efectiva de sus derechos incluso de aquellos formalmente reconocidos en tal marco jurídico e independientemente de la naturaleza de tales derechos: judiciales, sociales, económicos, culturales, etc.
En los hechos tal marco jurídico, que suele identificarse con el estado de derecho, opera en beneficio de los grupos de poder privilegiados, la elites de la nación, a quienes en efecto sí garantiza sus derechos. Es un contubernio en el que se crea un Estado a favor de los ricos, cuyas leyes se encuentran en vigor, de hecho, solo para su beneficio en cuanto a la cobertura, pero en cuanto a la sanción, solo se aplica a todos los demás, en una especie de Estado estratificado característico de la Europa anterior a la Revolución francesa.
Hoy día con suma frecuencia cuando los sectores del poder político y económico hacen llamados a la defensa del “estado de derecho” lo hacen porque defienden sus particulares intereses al amparo de cierto orden legal o de facto, al más puro estilo del discurso de Bush respecto del papel norteamericano en el nuevo “orden” mundial que su propio padre definiera en la anterior guerra contra Irak.
El vaciamiento del estado de derecho que ha llegado a identificarse con los intereses particulares de los grupos poderosos, es una de las más agudas crisis de la democracia contemporánea, porque ha abierto las puertas a la opción de la violencia, en cualquiera de sus vertientes: fundamentalismo, terrorismo, guerra civil y tantas otras formas del horror con que nos abruma este inicio de siglo.
La implementación efectiva de un estado equitativo tanto en su aplicación como en su cobertura, es uno de los principales retos de la democracia. Un estado de derecho para todos y todas y no un ordenamiento jurídico al servicio del poder y sus elites de cuyos ejemplos somos testigos día con día, si no véase lo sucedido con los terrenos de los comuneros de San Juan de Guadalupe y la voracidad de un estado al servicio de los intereses de los especuladores del suelo urbano en nuestro estado.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)