¿A qué le teme el poder?
Los representantes del poder kakistocrático, es decir, el gobierno de los peores, representado por los partidos políticos en el Congreso Local y el Ejecutivo del Estado, quienes dirigen la simulación democrática al uso, han decidido al más puro estilo monopólico eliminar la competencia electoral valiéndose de una ley inequitativa, absurda y violatoria de los derechos políticos consagrados en la Constitución y el derecho internacional.
¿Qué les mueve a hacerlo? sin duda lo único que a estas alturas representan: sus particulares intereses coludidos ahora en conservar un estado de simulación democrática que les permita conservar sus beneficios. Por qué si no habrían de aprobar una ley que estrecha las posibilidades ciudadanas de ser auténticamente representados en los distintos niveles de gobierno. El derecho internacional de manera clara establece que mediante representantes elegidos de manera directa, libre y auténtica los ciudadanos deben tener participación en los asuntos políticos de su país y acceso a las funciones públicas (Art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y que las leyes correspondientes deben garantizar tales derechos, sin embargo el Congreso Local decidió realizar una serie de reformas que limitan y atentan directamente contra tales derechos.
El asunto tiene que ver con el hecho de que a los partidos políticos nacionales de reciente creación que pretendan participar en los procesos locales se les han impuesto la satisfacción de muchos más requisitos que a los partidos con mayor antigüedad o a los partidos locales, tanto en tiempo como en forma, lo cual condujo al Consejo Estatal Electoral (CEE) a negarle, temporalmente, la participación en las elecciones para gobernador al partido político nacional México Posible, de reciente creación.
Las reformas tenían destinatarios específicos y estaban dirigidos en contra suya y esto era conocido, de tal forma que hasta se filtró a los medios de comunicación locales. Así, el 25 de septiembre la columna De todos del periódico Pulso, al hablar del tema señalaba: "Se suponía que el requisito (se refiere al reformado artículo 26 de la ley) sería sólo para partidos nacionales de nueva creación, sólo que a los redactores del Poder Legislativo se les olvidó plasmarlo en el texto y la obligación quedó para todos los «partidos políticos nacionales». La gran pifia del Congreso en el Artículo 26 no se limita a la redacción; se extiende encima de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales." y remataba diciendo: "Ningún Poder Legislativo de las entidades puede crear ordenamientos para condicionar la participación de partidos con registro nacional en procesos locales". ¿Por qué deseaba el Congreso local ensañarse con los partidos políticos nacionales de nueva creación? ¿Por qué violentar el principio de equidad jurídica en prejuicio de los partidos políticos nacionales de reciente creación, como el caso de México Posible? ¿A qué le temen los partidos que controlan el Congreso local y el Ejecutivo que inspiró tales reformas? Es claro: le temen a la diversidad y a la notoria crisis de su falsa y pretendida representatividad. Escenario patético el de partidos políticos que crean leyes para evitar la participación de los otros partidos políticos. Algunos podrían alegar que lo que se pretende es evitar el abuso, tanto político como económico, que ha generado la creación de ciertos partidos políticos que han actuado como comparsas y que han sido conocidos como "paraestatales" como lo fueron en determinado momento el PPS, el PARM, o el PFCRN, por citar algunos. Es indudable que hay que evitar que la diversidad se vuelva un timo con costos políticos y con carga al erario público, pero al hacerlo no debe violentarse, como lo ha hecho ahora el Congreso local, los legítimos derechos que asisten a quienes al no sentirse representados por los partidos políticos existentes busquen opciones para participar de manera auténtica y en condiciones equitativas en la vida política de la nación y el estado. Si quiere evitarse que la diversidad se convierta en una simulación al servicio del poder o de los intereses privados (como jugoso negocio con cargo al erario) no deben estrecharse de manera arbitraria, inequitativa y absurda las opciones políticas. No, lo que debe hacerse es profundizar los requisitos y mecanismos para la rendición de cuentas a los ciudadanos de los órganos del estado, incluyendo desde luego a los partidos políticos, y comenzar por el propio Congreso local y el Ejecutivo, para no venir a enterarnos que algunos diputados locales realizaban visitas, pagadas por usted lector y por quien esto escribe, a Puerto Vallarta para participar en proyectos oceánicos de difícil aplicación en las inexistentes costas de nuestro San Luis.
¿A quién le teme, entonces, la kakistocracia (el gobierno de los peores)? México Posible un nuevo proyecto político que ha puesto las causas ciudadanas como prioridad en su agenda, utilizará los recursos legales para revertir la decisión del CEE.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)