Congreso Reprobado

En días pasados el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado evidenció, por enésima ocasión, el pésimo trabajo que la legislatura local viene realizando. Se trató en esta ocasión del recurso de inconformidad presentado por cuatro partidos cuya participación en las próximas elecciones para gobernador y diputados locales, había sido denegada por el Consejo Estatal Electoral debido a las recientes reformas electorales que realizaron los legisladores locales y que entraron en vigor el pasado 8 de julio.

Tales reformas han sido duramente criticadas por los principales actores políticos, particularmente los partidos de oposición argumentando, entre otras cosas, que tales reformas obedecen más a intereses políticos partidistas y hasta del propio Ejecutivo que en alianza con su partido están delineando una estrategia que les permita conservar el poder.

Independientemente de tal transfondo, que no debe ser descartado, tales reformas son también ahora seriamente cuestionadas desde la perspectiva jurídica en conformidad con la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Dichas reformas, según establece el TEE, violentan la Constitución particularmente en lo referente a la participación de los partidos políticos nacionales sin ningún tipo de restricciones (Art. 41), las cuales son impuestas por tales reformas, así como porque se limitan las prerrogativas que los ciudadanos tenemos respecto de votar en las elecciones (Art. 35) por la opción política que se prefiera.

Pero hay más, el TEE enjuicia severamente tales reformas por considerar que tienen una “evidente falta de equidad jurídica y política y un favoritismo absurdo hacia los partidos locales, ya que se exige a... los partidos políticos nacionales, la satisfacción de muchos más requisitos que los exigidos a los partidos locales”. Y uno se pregunta ¿qué tipo de intereses representan los diputados locales?

No acaba aquí la cosa, siguiendo al TEE, resulta que no solo se violenta la Constitución, la equidad jurídica y política, sino hasta el sentido común, ya que los propios términos señalados por las reformas son de imposible cumplimiento, pues se solicitan a los partidos políticos requisitos a entregar en un tiempo absurdo considerando la fecha de las reformas y los términos en ellas señalados, siendo esto “un requisito de imposible satisfacción por el breve término y de conformidad con el principio general del derecho de que nadie está obligado a lo imposible”.

En resumen, y de acuerdo con el TEE, los legisladores locales que aprobaron las recientes reformas a la Ley Electoral del Estado lo hicieron violentado la Constitución, los principios del derecho y el sentido común. Y ¿cobran sueldo por ello? Por qué entonces no destinar recursos ciudadanos para subvencionar a ciertos tipos de conductas delictivas que se caracterizan también por ello.

El problema no radica en la figura misma del Congreso, quiero dejarlo bien en claro, ya que recientemente se han alzado ciertas voces para cuestionar la existencia misma del Poder Legislativo, lo cual es una tendencia impulsada por sectores propensos a personalizar la gestión pública en pocas manos, particularmente en el Ejecutivo, y que responde a ciertas visiones gerenciales muy en boga de enfrentar el gobierno y la vida política del país. De hecho puede hablarse de una embestida empresarial y financiera contra ciertas instituciones públicas, para concentrar el poder, o bien ejercer este desde una estrategia de legislación por decreto del Ejecutivo. En esa línea apuntan las declaraciones del presidente de los industriales potosinos, Humberto Pizzuto Braham respecto de su inconformidad con la resolución del TEE aparecidas en la prensa local el pasado día 4.

Al señalar la deficiente labor del Congreso lo hago para llamar la atención respecto de la necesidad de que los votantes hagamos una labor de análisis profunda respecto del perfil de quienes deben llegar a la legislatura. También lo deberían hacer los propios partidos al postular a sus candidatos, pero todo indica que tienen más peso ciertos intereses sectarios al interior de la mayoría de estos que los intereses del bien colectivo. Por ello el voto ciudadano, libre, consciente y razonado debe ser la criba que permita dignificar la labor legislativa, tan importante para la democratización real, y no simulada de nuestra organización de la vida colectiva.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis)