¿A quién hacía daño Digna Ochoa?
Y ¿a quien beneficia su asesinato? Son las dos preguntas que deben orientar tanto la reflexión como la investigación de tan grave y cobarde atentado contra la sociedad civil mexicana, cometido en el asesinato de la admirable persona que fue, es y seguirá siendo Digna Ochoa.
¿A quien hacía daño Digna al asumir la defensa de luchadores sociales como Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera? ¿O de presos políticos como los presuntos zapatistas? ¿o de indígenas violentados en sus derechos humanos?
Las ONG´s de derechos humanos, en las que militó activamente Digna, asumen la defensa de aquellos a quienes nadie quiere o puede defender, sea porque no tienen los recursos económicos necesarios para emprender un largo proceso judicial y porque la lucha jurídica que habrá de entablarse es contra los propios agentes gubernamentales, sean estos municipales, estatales o federales. En esto último radica el elemento central para la comprensión y análisis de los sucedido.
Por su propia naturaleza la defensa de los derechos humanos se realiza contra los agentes gubernamentales, ya que entre particulares no existen, estricta y jurídicamente hablando violaciones a los derechos humanos. Entre particulares existen delitos, y existe todo un aparato gubernamental encargado de su persecución, de tal forma que mediante las instituciones procuradoras y administradoras de justicia se combate el delito y se resarce el daño que un particular causo a otro.
Cuando quien comete los delitos es un agente gubernamental, se establece entonces que existe una violación a los derechos humanos. Tal es el sentido que la doctrina contemporánea de los derechos humanos otorga a tal concepto.
Todos los casos en los que Digna Ochoa litigaba actualmente, como al hacerlo a través de las ONG´s no eran asuntos entre particulares, ni situaciones de carácter delictivo, se trataba de violaciones a los derechos humanos realizadas por agentes gubernamentales.
¿A quién hacía daño, entonces, la actividad de defensa de los derechos humanos de Digna? Única y exclusivamente al Estado Mexicano, y es también a él a quien beneficia su muerte.
Cierto que debe identificarse al interior del Estado Mexicano los agentes específicamente involucrados en la autoría intelectual y material del asesinato. Y hacia allá deben conducir las investigaciones criminales. Sin embargo probada está la incapacidad de las instituciones investigadoras, procuradoras y administradoras de justicia del país, para resolver o acercarse siquiera a la solución de casos en los que los propios agentes gubernamentales son los responsables de las violaciones a los derechos humanos: negligencia, incapacidad e impunidad son la norma. Esperemos que ahora sea la excepción pero tengo razonables dudas en base a mi experiencia y conocimiento en el tema.
La lectura política de lo sucedido es de extrema gravedad y preocupación. El asesinato de Digna nos enfrenta a la realidad de la existencia de organizaciones con la capacidad operativa y logística de realizar labores de espionaje, de amedrentamiento de luchadores sociales y políticos, así como de su ejecución. Tales organizaciones, catalogadas como escuadrones de la muerte o grupos paramilitares, suelen estar vinculadas a los cuerpos de seguridad del Estado (policíacos o militares). Resulta increíble que al actual gobierno federal no haya previsto, como parte importante de la presunta transición, los escenarios de operación y actuación de tales grupos en un escenario posterior al que habría de conducir el traspaso de la administración federal luego de las elecciones de julio del 2000. Imperdonable sería para Adolfo Aguilar Zinzer no haberlo previsto a tiempo y tomar las medidas adecuadas y oportunas para su identificación y desmantelamiento, habiendo sido él mismo un activista social. O será que, cómo el sentir popular afirma, el poder produce amnesia.
El mensaje es claro: tales grupos tienen, ahora, licencia para matar. La lista de candidatos es larga y está conformada por una serie de organizaciones de la sociedad civil, así como de sus integrantes tal y como lo demuestran las amenazas que fueron dejadas junto al cuerpo de Digna. El escenario es de gravedad extrema, pero la clase política mexicana prefiere ignorarlo y seguir cobrando sus salarios. Y los grupos económicos vinculados al poder político prefieren asistir al concierto de Elton Jhon, para financiar los proyectos políticos y asistencialistas de Marta Sahagún, como preámbulo del teletón. Cerrándose así el círculo perfecto del farisaísmo contemporáneo.
No haría justicia a Digna sin mencionar en esta reflexión, y a modo de corolario, su condición de creyente comprometida en la lucha por la instauración del proyecto de Jesús de Nazareth. Fue ese y no otro el impulso vital que condujo a Digna a comprometer su vida, y finalmente entregarla, en la trinchera de los pobres y excluidos. Un compromiso vital de fe, que con su sangre siembra la semilla evangélica de la liberación.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)