El nombramiento de la presidenta de la CEDH
El nombramiento que hoy es público de Magdalena González Vega para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es el resultado de las inercias que sigue arrastrando el ejercicio del poder en nuestro estado, y que parece no entender los cambios que la ciudadanía reclama.
En mi artículo de ayer señalé que la imposibilidad o incapacidad de los congresistas, particularmente los de oposición, para desarrollar un debate profundo, serio, responsable y abierto del tema, y la consecuente toma de postura clara y decidida a que el debate debió haber conducido, crearon las condiciones de debilidad para que nuevamente el Ejecutivo se convirtiera en el gran elector, a pesar de que la ley formalmente establece en su artículo 10 que será el Congreso quien nombre al presidente de la CEDH. Lo anterior sucedió así.
Desde enero del presente año, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el diputado perredista actualmente suspendido de sus derechos partidistas, Ismael Trujillo recibió una propuesta de reflexión en torno al perfil para el titular de la CEDH. En él se planteaban nueve puntos, además de los señalados por la correspondiente ley en su artículo 9 respecto de los requisitos para ocupar el cargo. Más adelante recibió sugerencias respecto de la realización de un foro, convocado por la Comisión respectiva del Congreso, el cual recogiera los análisis y propuestas que ya para entonces distintos actores y sectores sociales habían realizado públicamente con la finalidad de enriquecer el debate público y enraizarlo al interior del Congreso. Pero nada se hizo. Aunque sí tuvo tiempo el diputado Trujillo para asistir a la ciudad de Toluca a una reunión del Poder Legislativo e Instituciones Públicas de Protección de los Derechos Humanos, los días 14 y 15 de Marzo, donde sustentó una ponencia ajena.
Tampoco dicha comisión legislativa estableció mecanismo alguno respecto del procedimiento para el nombramiento, sino que se mantuvo hasta el último momento la discrecionalidad, impidiendo así de manera intencionada el manejo claro y abierto del tema al interior del Congreso y permitiendo el manejo y las negociaciones por debajo de la mesa, creando de manera dolosa las condiciones adecuadas para la libre maniobra del Ejecutivo.
Una propuesta abiertamente avalada por el Gobernador apareció el pasado martes, en ella se proponía a Magdalena González Vega. Ella fue la primer sorprendida cuando se lo dijeron ese mismo día. Tal propuesta independientemente de quienes la firman, así como del mecanismo utilizado para recabar tales firmas, logró imponerse única y exclusivamente por contar con el abierto aval del Gobernador.
Ese mismo día por la tarde la comisión legislativa conformada por los diputados “opositores” Ismael Trujillo (ex PRD) y Angel Salas (PAN), así como el priísta Angel Castillo elaboraron el dictamen correspondiente.
El panista Angel Salas llevaba indicaciones de sus compañeros de bancada de no avalar la propuesta oficial, sino proponer una terna distinta. Por el contrario, avaló con su firma la propuesta oficial mostrando así sus verdaderas lealtades. Hacía las once de la noche de ese mismo día el dictamen llegaba a los domicilios de los congresistas.
El escenario descrito fue, sin duda, el más propicio para el accionar del Ejecutivo, comprometido no con el tema de los derechos humanos sino con sus particulares intereses de poder, mismos que han condenado a la CEDH a ser una instancia patéticamente ineficaz en la defensa y promoción de los derechos humanos de los potosinos.
Silva Nieto logró así imponer con el consentimiento de los "opositores" Ismael Trujillo y Angel Salas la candidatura de González Vega, asidua integrante de las nóminas oficiales tanto como Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y luego como Procuradora de Defensa del Menor y la Familia.
Ciertas negociaciones del diputado Trujillo afloran de inmediato al ver alguna de las firmas de los proponentes de González Vega, así como de la lista de Consejeros de la CEDH, entre los proponentes aparece Sergio Serrano, perredista cercanísimo a Trujillo, y ya como Consejera aparece su esposa: Elia Hernández Estrada.
En este tema se está donde se empezó: una CEDH profundamente ligada a los intereses del Ejecutivo. Cabría esperar una menos patética y mediocre actuación de la nueva titular de la CEDH, pero difícilmente ésta se convertirá en un real y eficaz instrumento de defensa y promoción de los derechos humanos.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)