El desaseo electoral
En recientes días se ha hablado mucho sobre el "desaseo" electoral, así como de la existencia de una campaña de compra y coacción del voto emprendida por el gobierno federal y su partido, de la cual participarían también los gobiernos estatales y municipales de tal extracción partidista.
Los señalamientos terminan por coincidir, ya que los que han señalado tanto los actores políticos, en este caso las dos Alianzas contendientes para la Presidencia de la República, así como algunos grupos de observadores y visitantes extranjeros, coinciden en señalarlo así. Los propios candidatos opositores en el transcurso de la semana pasada realizaron varios señalamientos encaminados al tema del "fraude" electoral.
El tema del fraude electoral durante muchos años estuvo íntimamente vinculado a las autoridades electorales, ya que éstas dependían y formaban parte del gobierno federal. Inclusive era descarada su vinculación, al grado que luego de haber sido autoridades electorales pasaban a ser candidatos a puesto de elección por el PRI, como el caso de Chuayfett y Arturo Núñez. Existe incluso el desafortunado precedente de que, hasta el primer ciudadano presuntamente no partidista en ocupar el cargo de Presidente del Consejo Estatal Electoral, acabó finalmente siendo candidato del PRI a la Presidencia Municipal de ésta capital potosina.
La lucha por la ciudadanización de los órganos electorales fue una de las metas de los actores políticos y la Sociedad Civil mexicana durante toda la década pasada, y vio sus esfuerzos cristalizados con la llegada de José Woldenberg a la Presidencia del IFE para conducir el proceso electoral federal de 1997. De entonces a la fecha, y así lo demuestran sondeos y estudios realizados, ha crecido la confianza en los órganos electorales ¿por qué, entonces, se vuelve ahora a hablar de fraude?
La diferencia estriba ahora, según considero, en que el término no se vincula ya decididamente con los órganos electorales sino, esencialmente, con las acciones realizadas por dos de los actores políticos: partidos y gobierno.
Desde luego ha habido algunos señalamientos hacia el IFE, pero los actores políticos han sido, generalmente, cautos al respecto, y más pareciera que es una estrategia política y discursiva, cuestionable en mi opinión, y propia de la etapa final de sus campañas. Así por ejemplo el candidato de la Alianza por el Cambio se ha referido a "cabos sueltos" del IFE en materia de encuestas, y ahora el candidato de la Alianza por México ha recurrido al tema del fraude y la famosa "caída del sistema", aludiendo veladamente, supongo, al IFE, pero sin decirlo abiertamente. Aquí en San Luis la voz del representante legal del Frente Cívico, Leonel Serrato, ha mencionado una serie de inconsistencias relativas a la labor del IFE.
En mi condición de Consejero Electoral del IFE en el estado, puedo hablar sobre la labor de tal órgano electoral a lo largo del actual proceso, y considero que si bien existen inconsistencias, éstas no son de tal gravedad, naturaleza, y/o magnitud que pongan en peligro definitivo, ni la realización o los resultados de la votación del próximo 2 de julio. Y ni siquiera tales inconsistencias son exclusiva responsabilidad del IFE, pues los propios ciudadanos involucrados en tal proceso coadyuvan a su existencia en algunos o muchos casos.
En efecto, la complejidad del proceso electoral así como la magnitud de los recursos económicos y humanos que éste supone, no pueden quedar exentos de inconsistencias tal y como sucede en cualquier proceso de organización social, las instituciones y las personas que en ellos participan. El caso está en analizar y demostrar que tales inconsistencias obstaculicen, o no, de manera grave y definitivamente la misión encomendada, en este caso el proceso electoral.
Los Consejeros Electorales ciudadanos, particularmente los de cada uno de los siete Distritos Federales del estado, cuentan con los recursos y mecanismos para detectar, analizar y corregir, si es el caso, las inconsistencias que se presentan en los dos principales procesos: el de capacitación, que concluye con la debida integración de los funcionarios de casilla para el día de la jornada electoral; y el de organización electoral, que concluye con la debida instalación logística de la casilla (ubicación, papelería electoral, así como medios de comunicación y transporte).
Tal labor de vigilancia y detección de inconsistencias depende de varios factores: desde luego, de la mayor o menor responsabilidad con la que actuemos los Consejeros Electorales; la información puntual que recibimos, nos allega o solicitamos al Servicio Profesional del IFE; la buena o mala fe de los miles de ciudadanos que participan de una u otra forma en el proceso, entre otros muchos.
Y por si fuera poco, en todo momento los representantes de los Partidos Políticos han tenido la posibilidad de solicitar información sobre cualquier tipo de inconsistencia que pudiesen haber detectado, y que fuese atribuible a la labor del IFE. Y, más aún, si cuentan con una adecuada cobertura de representantes de casilla, tanto cuantitativa como cualitativamente, pueden aún revertir tales inconsistencias atribuibles al IFE.
Mi participación en este proceso electoral me permite afirmar que no es la labor desplegada por el IFE, a pesar de sus inconsistencias, la que podría poner en peligro el proceso electoral. Lo que pone en riesgo la votación del próximo domingo son las acciones de los actores políticos, como los actos de compra y coacción del voto, la abierta inducción al voto de los ciudadanos realizada al amparo de la investidura gubernamental y de la promoción publicitaria de obras públicas realizadas por los gobiernos de distintas extracciones partidistas.
Pero de ello hablaré en otra colaboración, en el transcurso de la semana.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)