Compra y coacción de votos
Se han multiplicado, en días recientes, las denuncias de compra y coacción del voto, y se habla de que está en marcha una intensa y extendida campaña. Así lo señalan partidos opositores, analistas y grupos de observadores y visitantes extranjeros.
Algunos medios de comunicación, muy pocos por cierto, dan cuenta de indicios que apuntan a ello. En cambio, de acuerdo con los monitoreos de radio y televisión realizados por el IFE, aumentó significativamente la tendencia de éstos a privilegiar con mayores espacios al PRI y con menos al resto de los partidos y alianzas opositoras (Tercer Informe de la Comisión de Radiodifusión del IFE).
¿Existe tal campaña? El gobierno y el PRI la niegan y retan a los denunciantes a comprobarla y denunciarla, toda vez que ya existen los llamados delitos electorales, mismos que están hasta tipificados y penalizados en el Código Penal Federal (Título vigesimocuarto, capítulo único), además de existir la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Aquí comienza el problema, ya que es prácticamente imposible demostrarla en los términos que la ley lo señala, tanto por la tipificación de éstos como por los requerimientos que suponen. En efecto, y veamos como ejemplo algunos de los delitos tipificados en el artículo 403: "Se impondrán de diez a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar su voto; Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos; Solicite votos por dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral; Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto a favor de un determinado partido político o candidato;".
Resulta extremadamente difícil reunir los elementos probatorios necesarios que suponen tales tipificaciones, a saber: presencia de un Notario Público y/o un Ministerio Público en el lugar y momento de los hechos; testimonios respaldados por pruebas fehacientes tales como videos, fotografías que además deberán relacionarse con las actas notariales; datos puntuales (nombre y cargo) de quienes cometan los delitos; además de conocimiento preciso del Código Penal, entre otros. Condiciones imposibles de reunir particularmente en los grupos sociales más vulnerables a tales situaciones, las zonas rurales y/o de extrema marginación del país, o tan siquiera en los centros laborales gubernamentales.
Además, no es el IFE el que conduce tales procesos, sino la FEPADE, órgano perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), y por lo tanto, dependiente del Gobierno Federal. Cierto es que los ciudadanos o partidos políticos pueden presentar sus denuncias debidamente acreditadas ante el IFE, quien debe remitirlas a la FEPADE. La actividad desarrollada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, desde su creación en 1994, ha pasado prácticamente inadvertida.
Amparados en tal situación, los voceros gubernamentales y funcionarios partidistas acusados de implementar y participar en tal campaña de compra y coacción retan a cualquiera a demostrarla.
¿Por legalmente indemostrable, puede concluirse, sin más, que no existe? Pienso que no, y por ello el propio IFE, en acuerdo aprobado en diciembre de 1999, diseñó una campaña intensa de difusión en los medios de comunicación a favor del voto libre y secreto, para evitar la compra y coacción. ¿Por qué habría el IFE de destinar recursos y esfuerzos en una campaña para evitar lo que legalmente no ha sido acreditado como existente?
Entre burócratas federales los testimonios personales relativos a la presión para votar por determinado partido, yo mismo los he escuchado, pero al requerir documentos que lo comprueben o el testimonio del afectado, la situación se complica ya sea por las precauciones de los inductores del voto, o el temor a las represalias de los presionados. Ambas situaciones se entienden: en una el delincuente que no deja huella, en otra el legítimo temor a la pérdida de la seguridad laboral y sus graves consecuencias familiares.
La historia y cultura política del país, así como las características del sistema político mexicano demuestran la existencia y efectividad de tales prácticas que aún no es posible revertir con el lento, pero esperanzador establecimiento de procedimientos democráticos y la creación de una nueva cultura política.
Por ahora es necesario insistir en que prácticamente nadie puede saber por quien vota el elector de forma individual, menos aún en las zonas urbanas. Y que por más coacción que pueda ejercerse previa a la jornada electoral, al momento de votar nadie podrá enterarse por quien lo hizo el elector, de reunirse las condiciones de secrecia y libertad. Que tales condiciones existan son responsabilidad de los funcionarios de casilla, que han sido instruidos al respecto, así como de los ciudadanos todos y los propios representantes de casilla que los partidos políticos deben haber acreditado, conforme a la ley, en días pasados.
Los efectos que la compra y coacción del voto, grave inercia del sistema político mexicano, puedan tener en la votación del próximo domingo pueden ser revertidos en cierta medida con la adecuada vigilancia de los representantes de partido, funcionarios de casilla y ciudadanos, y principalmente con una masiva participación ciudadana: ¡TODOS A VOTAR EL 2 DE JULIO!
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)