El fascismo que viene
Resulta preocupante al observar el panorama nacional de las recientes semanas, constatar que gana terreno en varios e importantes sectores y sujetos de la vida nacional, la idea de afrontar los problemas sociales que el país enfrenta a través del recurso de la fuerza, la violencia y la represión abierta.
El hecho en sí no es nuevo, ya que el procedimiento de “criminalizar” los problemas políticos, económicos y sociales es un recurso bastante socorrido por los sistemas políticos de toda ralea. Lo que resulta preocupante es la pública y abierta defensa y justificación de tal recurso, así como el papel de difusión e incitación que en ello juegan poderosos intereses de los grandes medios de comunicación.
La apología de la violencia como forma privilegiada para el control de la vida social es uno de los rasgos característicos del fascismo, tanto como sistema político o como método de acción social. La simpatía por la violencia es un mal signo que debe ser visto con preocupación por los mexicanos.
Las escenas de los barzonistas golpeados salvajemente en Guadalajara, así como las secuelas de tal golpiza, son graves en sí mismas. Las agrava el hecho de que, lejos de considerar siquiera la gravedad de lo sucedido el propio gobernador de Jalisco haya justificado los hechos y, peor aún, asumido el papel de abierto defensor y justificador del procedimiento a todas luces desproporcionado. La violencia legal, que toda sociedad establece con la correspondiente regulación de la misma así como la debida sanción para su exceso, solo debe usarse hasta ciertos límites, notoriamente excedidos en el caso.
Para empezar, por ningún motivo debe la fuerza pública utilizar más fuerza que la necesaria para hacer cumplir la ley, ni tampoco solicitar a sus superiores o compañeros un auxilio notoriamente mayor al que se necesite para hacer frente a una situación. Si, finalmente y como último recurso, debe hacerse uso de la fuerza para someter a un ciudadano que comete algún delito o una falta administrativa, que no es el caso referido, la fuerza y su violencia deben cesar una vez que el ciudadano ha sido sometido y no ofrece ya resistencia, no en el sentido de dejarle en estado de coma o con fracturas de cráneo como ocurrió ese día. El uso de la fuerza deber ser proporcional con la resistencia presentada.
Debo insistir que lo sucedido en Guadalajara no solo fue desproporcionado y excesivo, sino que ni siquiera se justificaba pues los barzonistas no estaban cometiendo delito alguno.
En ese mismo estado, y no parece casual a la luz de lo sucedido, solo dos meses antes los organismos empresariales organizaron un “Primer ciclo de conferencias sobre los claroscuros de los derechos humanos”, allí se dieron a la tarea de solicitar la desaparición de las organizaciones de derechos humanos, incluyendo las del gobierno, por considerar que debido a ellas se incrementa el número de delitos pues los delincuentes se sienten amparados por tales organismos que viven del “mito que ellos llaman derechos humanos”. Doscientos cincuenta empresarios del estado aplaudieron y respaldaron tales opiniones. La reunión fue engalanada por la presencia de un exmiembro del Consejo de Estado de Chile, durante la época de Pinochet, y un progolpista argentino, invitados desde luego por las cámaras empresariales de Jalisco.
El 27 de octubre el Consejo de “Honor y de Justicia” de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito federal, absolvió a los granaderos que propinaron también otra golpiza a dos estudiantes que se retiraban del bloqueo que en el marco del conflicto en la UNAM realizaban. Al igual que en el caso de Jalisco la acción policíaca fue a todas luces desproporcionada y excesiva. Luis de la Barreda, ombudsman del Distrito Federal, y uno de los pocos que ha realizado un trabajo loable al frente tales organismos gubernamentales (compruébenlo por comparación con el pobre trabajo de la CEDH potosina y su gris titular) fue muy claro al respecto señalando que existe una clara frontera entre el deber y el abuso de poder.
Tal propensión al uso privilegiado de la violencia para el establecimiento del orden público y social encuentra particular eco entre algunos comunicadores, y tal parece ser su apuesta. La inusitada cobertura de la marcha del pasado 3 de noviembre, así como los comentarios de algunos de los reporteros y comunicadores también conduce a pensar que éstos actúan como instigadores más o menos abiertos del recurso de privilegiar el uso de la fuerza pública. La apuesta les falló y es contrastante que a pesar de la cobertura tan amplía del evento, éste ni siquiera haya merecido un lugar importante en las emisiones nocturnas de sus noticieros, por lo menos para el caso de Televisa.
Mediante la información sesgada, la abierta desinformación y tergiversación de los hechos a través de algunos de los medios de comunicación más influyentes del país avanza entre el común de los ciudadanos la simpatía y la abierta apología del uso privilegiado de la fuerza pública para enfrentar los problemas sociales, económicos y políticos que el propio sistema económico y político mexicano han creado. ¿Es el país que queremos?
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)