Sobre los sucesos en la UNAM
La utilización discrecional de la ley la cual obedece, generalmente, a razones políticas ha sido nuevamente puesta en práctica por el sistema político mexicano para justificar, sin solucionar desde luego, el conflicto de la UNAM. El ambiente propicio para ello fue creándose con perversa frialdad y cálculo desde las altas esferas gubernamentales y de las propias autoridades universitarias, y sin duda contribuyo a ello las posturas de algunos sectores del propio CGH.
Resulta grave, aunque no sorprendente, la forma en que desde tales esferas y a través de los medios de comunicación y otros sectores políticos y sociales del país tales como: grupos empresariales, la jerarquía católica, y los propios partidos políticos se preparó el terreno para los sucesos de este domingo 6 de febrero. Es innegable que un sector social esperaba y pugnaba activamente por una “solución” coercitiva, ejemplo de ello es el conocido jurista Ignacio Burgoa Orihuela, quien se declaraba hoy mismo “henchido de placer” ante los acontecimientos del desalojo de la Policía Preventiva Federal, de reciente creación, que se sucedían en tales momentos en el campus universitario de la ciudad de México.
No veo motivo de placer alguno en ver escenas masivas de aprehensión de jóvenes, por causa de su particular convicción sobre la forma en que su centro de estudios deba conducirse. Tales detenciones no son sino llanamente detenciones de carácter político, de las que poco tenemos que congratularnos quienes creemos que lo que este país necesita es un cambio que apunte hacía la democracia, la justicia y la equidad, no de manera discrecional y excluyente sino mediante la participación de todos los mexicanos interesados en ello.
En torno al conflicto de la UNAM hay muchas interpretaciones que han construido ya una torre de Babel, lo verdaderamente grave, insisto es que se haya preferido la coerción y que ésta sea avalada hasta con agrado por muchos mexicanos, algunos hasta bien intencionados.
El augurio es malo en tiempos electorales como los actuales.
El reforzamiento del aparato coercitivo del gobierno no solo se debe al notorio mejoramiento de su capacidad instalada (armas, equipo y personal, entre otros), sino también a la obsesiva terquedad con que el actual gobierno conduce el rumbo económico y político del país. Las absurdas declaraciones de Zedillo en el extranjero, referentes a Chiapas, al movimiento de las ONG´s en México, y a los opositores de su modelo económico, son un claro ejemplo de la obtusa manera de conducirse del presidente y su equipo de tecnócratas.
La justificación de la acción represiva en la UNAM amparada en la “estricta observancia de la ley”, es un acto de extremo cinismo en un país caracterizado por la abierta impunidad con la que funcionarios públicos, empresarios influyentes (incluidos hasta sus hijos y sus “guaruras”) y políticos corruptos han depredado al país y se preparan para continuarlo haciendo. Y es la palpable muestra de que la discrecionalidad en la aplicación de la ley es la regla en materia de justicia en el país.
El movimiento estudiantil habrá podido cometer seguramente muchos errores, entre ellos la terquedad, y en definitiva hay estrategias seguidas con las que no coincido. La radicalización de un segmento de los universitarios responde en todo caso a cuestiones de tipo ideológicas, y no debe alegrarnos que a ello se opongan medidas de discrecionalidad penal. Ello, debemos decirlo con todas sus letras, es característica de sistemas políticos represivos que nada tienen que ver con la cultura democrática.
Ningún observador medianamente enterado del sistema político mexicano puede ignorar que la decisión judicial no pudo haberse tomado sin la activa anuencia y participación del Ejecutivo. La salida legaloide pretende ocultar el carácter represivo de la decisión.
No hubo masacre como en el 68, es cierto, los tiempos son distintos, por ello mismo los efectos que los acontecimientos de hoy suscitarán en la vida política y social del país son impredecibles.
He firmado un desplegado que aparece hoy en este diario, pero no quise dejar pasar la ocasión sin pronunciarme, ya no de modo colectivo, sino personalmente sobre lo sucedido en la UNAM.
No estoy de acuerdo con las voces que clamaban la salida coercitiva de la ley hallan sido jerarcas católicos, políticos opositores, empresarios, líderes de opinión o ciudadanos comunes, bien o mal informados y los invito a reflexionar seriamente sobre ello.
Repudio los acontecimientos de aplicación discrecional de la ley para justificar la abierta represión política en la UNAM, que solo ayudan a perpetuar e intensificar la espiral de la violencia.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)