El presidente de la CEDH
Convertir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en un verdadero instrumento de protección y promoción de los derechos humanos es una labor titánica, más no imposible. La labor de Luis de la Barreda al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es uno de los ejemplos excepcionales de que sí se puede, a pesar de las enormes limitaciones legalmente impuestas a tales organismos gubernamentales.
La situación de las violaciones a los derechos humanos en el país y el estado es tal, que si tan solo la CEDH actuara eficientemente dentro de los grandes límites que le han sido impuestos por el propio gobierno, sería un logro nada despreciable. Pero para que esto suceda se necesita un titular dispuesto a potenciarla y a hacer prevalecer por encima de todo tipo de interés el compromiso con la lucha por la dignidad de la persona humana, sin importar los intereses políticos del Titular del Ejecutivo que "lo propone" y de los congresistas que lo "aprueban". El compromiso debe ser con la ética de los derechos humanos, los afectados que recurren a presentar sus quejas y los ciudadanos potosinos en general, particularmente aquellos sectores de la población más vulnerables, en conformidad con la doctrina de los derechos humanos internacionalmente reconocida.
Solo a condición de que el Titular de la CEDH sea independiente del poder administrador puede asegurarse que habrá de realizar una labor confiable y eficaz, como es el caso del Defensor del Pueblo en España. "Pero en donde existe esta institución y es el Poder Ejecutivo quien lo nombra, es mucho más dudosa su disposición para señalar violaciones de los derechos humanos cometidas por personas vinculadas de una u otra manera al poder público" [i]
Se trata, pues, de que la CEDH y particularmente su titular, estén orientados por la ética de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad que, finalmente, plantea un problema ético que es el del compromiso con ciertos valores mundialmente reconocidos, aceptados y plasmados en la doctrina de los derechos humanos. La CEDH y su titular deben estar orientados a la protección de esos valores que deben ser sus referencias fundamentales y no los tecnisismos jurídicos y los compromisos con el poder, como es el caso de Sergio Azúa Reyes, quien entiende su labor al frente de la CEDH como una "chamba" más del servicio público y su eficiencia como la supervisión procedimental de asuntos técnicamente llamados "quejas", así como el apego burocrático a meros procedimientos muchos de ellos cuestionables. Desde tal visión minimalista nada se va a lograr.
Es claro que el actual Presidente de la CEDH es una de las personas menos indicadas para ocupar el cargo, pues ha dado muestras de una patética insensibilidad política y social en la materia refugiándose en tecnisismos legaloides con los que pretende ocultar su ineficiencia al frente de la CEDH, solo explicable desde la crasa ignorancia de la ética de los derechos humanos y el cinismo de quien se siente protegido por las altas esferas del poder, en el caso, el gobernador. Es tiempo que Silva Nieto pondere la situación, recapacite y actúe en consecuencia.
Sin intenciones xenófobas en mi caso, aunque el origen del refrán las pueda tener, cito el dicho popular: “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”. Aplicado al caso quiero decir que buena parte del problema del actual presidente de la CEDH, es que asumió al cargo como un “buen empleo”, y sus empleadores conocían el bajo perfil en la materia de quien elegían y por ello lo hicieron, de esa forma mantendrían una CEDH de bajo impacto y con recomendaciones “ligths”. ¿Por qué habrían de querer algo distinto? Pero Azúa Reyes se “pasó de lanza”, como popularmente se dice. Ha hecho gala de una insensibilidad que raya en el descaro. Su permanencia al frente de la CEDH es insostenible y así debiera de entenderlo el Titular del Ejecutivo.
El problema no concluirá con su remoción, ya que los nombres manejados para un posible sucesor siguen ubicados desde la óptica “chambista”, desde el perfil de personas con una larga trayectoria en la burocracia como funcionarios públicos, notoriamente allegados a los círculos de poder y con capacidad de adaptación permanente a los cambios de administraciones, lo cual opera como antecedente contrario a la capacidad de distanciarse e independizarse del mismo.
Para designar al posible sucesor de la CEDH hay una lucha entre el Titular del Ejecutivo quien tiene a su propio candidato, y el presidente de la gran comisión del Congreso del Estado, Juan José Rodríguez Medina, quien tiene al suyo. Adalberto Noyola es el candidato de Silva Nieto, Guillermo Delgado Robles lo es de Rodríguez Medina.
Un rápido repaso de sus trayectorias confirma lo que antes escribí: Noyola, conocido priísta quien perdiera la candidatura del PRI a la presidencia municipal ante Morales Reyes, lleva mucho tiempo en la administración pública en donde ocupó la Secretaría de Gobierno con Leopoldino Ortíz Santos, y un buen tiempo radicó en la ciudad de México ocupando puestos públicos vinculado a Manuel Aguilera actual presidente del PRI en el Distrito Federal. Hoy día ocupa un puesto dentro del ejecutivo.
Guillermo Delgado Robles, candidato del presidente de la gran comisión, conocido exrector de la UASLP, exdiputado priísta, Secretario de Educación en el gobierno de Martínez Corbalá, entre otros cargos públicos, dan fe de su cercanía a los círculos del poder y de su capacidad de adaptarse y acomodarse a los cambios en la administración pública y al presupuesto
Otros nombres se han barajado, como el de Juan Hernández de los Santos, por ejemplo, exdiputado local por el PRI, con menor trayectoria en el servicio público que los dos anteriormente mencionados, pero con un perfil similar.
El punto central, lo reitero, es que quien ocupe el cargo lo realice desde el compromiso con la ética de los derechos humanos y tal sea su referencia fundamental. En mi opinión difícilmente lo harán cualquiera de los anteriormente mencionados, menos aún si es resultado de una lucha palaciega entre el Titular del Ejecutivo y el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, como parece perfilarse.
Como están las cosas, casi cualquiera haría un papel más decoroso que el actual titular de la CEDH, pero no necesariamente la convertirá en el instrumento que precisan los potosinos, en buena medida porque los legalmente facultados para nombrar al presidente de la CEDH no tienen tampoco mucha idea de las cosas, o porque teniéndola prefieren no potenciarla. ¿Se atreverán a hacerlo?
La pregunta es ¿hay quién pueda cumplir con el perfil más o menos adecuado para potenciar la CEDH, hasta convertirla en un instrumento eficaz contra la impunidad, independiente del poder y comprometido con la ética de los derechos humanos? Creo que sí y me atrevo a mencionar nombres: Jesús Juárez Portillo, actual subprocurador de justicia, con una trayectoria combativa e independiente es una persona, que en mi particular opinión, reúne elementos suficientes de idoneidad para desempeñar el cargo. Al interior del propio Consejo de la CEDH, el Licenciado José Angel Morán Portales, conocedor del tema y poseedor también, desde mi particular opinión también, de los atributos idóneos para ocupar el cargo.
Desafortunadamente la lucha palaciega anteriormente mencionada entre el Ejecutivo y el Presidente de la Gran Comisión es la que parece dictar la lógica sobre la sucesión de Azúa Reyes, y aún las propuestas como las aquí vertidas y otras más que pueden surgir de diversos sectores pueden ser simplemente utilizadas por alguna de las partes en pugna para su propia lógica de poder.
[i] TEITELBAUN, Alejandro. "Impunidad y sociedad". Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos (LIDLIP), Ginebra, 1994. Pág. 51.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)