Anecdotario de la justicia potosina
Corría el domingo 28 de Marzo de 1993, el calor era, como suele ser en la huasteca, abrumador más aún a pleno mediodía. Por ello quizá los hermanos Dorado Almanza decidieron entrar a la pequeña fonda –merendero "Coquis", se llamaba- que estaba justo en el entronque de la carretera a Tanlajás, y a la que solían asistir.
La fonda, siendo vecina de un retén de la entonces Policía Judicial del Estado, era harto frecuentada por los judiciales que así mitigaban el calor y la sed durante el tiempo en que cumplían celosamente con su deber e ideaban las formas de mantener el orden y la ley. La fonda, rústica ella, estaba hecha de otates y techo de palma al estilo de las construcciones tradicionales de la zona.
Al rato llegaron Conrado Dorado González y Santos Salvador Hernández, sobrino y cuñado respectivamente de los Dorado Almanza, aunque se sentaron en otra mesa.
Ninguno era desconocido en el rumbo, menos por los judiciales vecinos con quienes trataban: "éramos amigos" declaró en alguna ocasión Blas. Ese domingo, incluso, se sentaron a jugar baraja con Blas, Evaristo y hasta con la mesera, primero Eleucadio Trejo, quien estaba "de guardia", y luego Mario Luna, muchacho de 21 años, ambos judiciales asignados al retén vecino.
En una muestra de amistad y dispendio, pues eran jornaleros que ganaban 15 y 12 pesos al día, los hermanos Dorado Almanza invitaron varias cervezas a los policías judiciales que gustosamente aceptaron.
Luego de un rato Eleucadio salió a seguir la guardia y Mario se quedó. Al calor de la temperatura, el juego de baraja y el efecto de las cervezas, Mario se enojó con los hermanos y éstos optaron por retirarse, pero el judicial los reto y golpeo a Blas, por lo que éste se regresó y respondió a la agresión.
Mario sacó la pistola pero en el forcejeo se le cayó y Evaristo la recogió, de inmediato salieron corriendo de la fonda. Para entonces Conrado y Santos se habían levantado de la mesa contigua y comenzaron a pelear con el judicial. Conrado sacó una navaja y con ella apuñaló 4 veces al judicial quien murió en el acto.
Corriendo rumbo a su casa por la carretera fueron alcanzados Blas y Evaristo por los compañeros del judicial. Conrado y Santos, mientras tanto, huyeron a través del monte y se escondieron.
En la búsqueda de Conrado y Santos arremetieron contra todos los familiares deteniendo, incluso, a cinco personas más que ni siquiera habían estado presentes en el lugar del crimen. Cuatro de ellos fueron detenidos en sus casa frente a mujeres y niños que fueron encañonados, empujados y golpeados. Otro más, Jaime Martínez, fue detenido porque estaba parado en el crucero esperando camión para ir a trabajar. La tortura fue pareja para todos. Al día siguiente localizaron a Santos y Conrado, y soltaron a los cinco que nada habían tenido que ver con lo ocurrido advirtiéndoles que si decían del trato recibido "algo les podía ocurrir".
Tres días se prolongó la tortura para Blas, Evaristo, Conrado y Santos: cortados con vidrios, quemados con chicharra eléctrica, golpeados a culatazos, a mano limpia y con objetos contundentes. Incomunicados y sin comer. "Estaban calientes por la muerte de su compañero" justificaría después un funcionario de la Procuraduría de Justicia del Estado. En tales condiciones rindieron su declaración previa ante el Agente del Ministerio Público de Ciudad Valles, Lic. Ricardo Jiménez Niño quien actuando "en forma legal (sic) con testigos de asistencia CERTIFICA Y DA FE de las lesiones que presentan el C. CONRADO DORADO GONZALEZ y . SANTOS SALVADOR HERNÁNDEZ y son las siguientes: Que no presentan lesiones (!!!) .- lo que se asienta por diligencia y para constancia".
En tales circunstancias desde luego que los detenidos se autoinculparon y dijeron todo lo que los "calientes" policías y el Agente del Ministerio Público querían que dijeran. Pero para cuidar las formas hicieron constar en la declaración la presencia de un tal Luis Angel Malibrán, supuesto abogado o persona de confianza dizque nombrado por los detenidos quien "acepta el cargo para su fiel y leal desempeño" (sic).
Hasta el 31 de Marzo, ampliamente superado el término señalado por la ley, fueron remitidos al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, a cargo del Lic. José Víctor Martínez Pérez, los cuatro detenidos. Una fotografía aparecida el mismo día en la página 6F del Sol de San Luis los muestra con los rostros hinchados y desfigurados.
Al rendir su declaración ante el juez, el 1º de Abril, tres de ellos niegan todo lo asentado en la declaración previa ante el Agente del Ministerio Público, realizada tres días antes pues, aclara Santos, el "decía una cosa y le anotaban otra". Conrado, a su vez, niega en parte la declaración ante el Ministerio Público pero reconoce haber sido él quien hirió al agente judicial.
Hasta el 4 de Abril de 1993, el Dr. Sergio Antonio Ponce, médico legista adscrito, expide certificado de lesiones de los cuatro detenidos: dos de ellos, Conrado y Santos Salvador "presentan perforación timpánica traumática, y el este último quemaduras causadas por descarga eléctrica (chicharra) en la lengua, la cual está muy inflamada y en los genitales". Todos tenían lesiones en tórax, cara, brazos, piernas, cuello, cabeza, y a pesar del tiempo transcurrido aún eran patentes.
El 7 de Abril el Centro Potosino de Derechos Humanos, A.C. (Cepodhac) fue informado a través de un profesor de la zona sobre lo ocurrido, y para el día 10 la Procuraduría de Justicia del Estado fue notificada mediante un reporte de lo sucedido. Cinco días después, quien esto escribe, interpuso formal denuncia por tortura ante el entonces Procurador del Estado, asignándosele el número de Averiguación Previa 18/93.
Por esta ocasión no haré el cuento más largo para no abusar de su paciencia estimado lector. Resulta que durante dos años y medio la denuncia se "extravió" misteriosamente al ser remitida a Ciudad Valles. Nadie supo "dónde quedó la bolita", ni les intereso saber desde luego.
Casi tres años después, hasta Enero de 1996, se tomaron apenas las primeras declaraciones a los afectados y sus familiares y no fue sino hasta Julio del mismo año que por primera vez rindió declaración uno de los policías involucrados, Eleucadio Trejo, el mismo que estuvo jugando a la baraja con Blas y Evaristo y les acepto las cervezas, quien ya para entonces ni siquiera trabajaba con la Judicial.
Hasta casi cuatro años después, en Febrero de 1997, se dictó al fin una orden de aprehensión contra Eleucadio Trejo, quien ya se había escapado y no ha sido localizado al día de hoy.
El 16 octubre de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, admitió el caso aquí relatado otorgándole el número 11.479, instando al gobierno mexicano a realizar la investigación detenida y castigar a los responsables de la tortura.
Cambios vienen y van en la instancias procuradoras y administradoras de "justicia" del Estado sin avance alguno. Contrasta, en cambio, y asombra la celeridad con la que se ha actuado en asuntos como el de los juanes perreros, y el del sacerdote José Luis Castillo Sánchez, conspicuo defraudador multimillonario de cientos de ahorradores de la Caja Popular San Sebastián. Así se las gasta la "justicia" pitonisa.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)