La procuración de justicia en SLP
Cuando un ciudadano, ha sido objeto de un acto que agravia sus derechos (robo, lesiones, fraude, etc.) recurre a la autoridad respectiva para que ésta, de acuerdo a su función, realice todos los datos necesarios para resarcir el daño, lo cual se logrará -de alguna forma- castigando al causante. De esta forma también, como· consecuencia, se advierte y previene a todos aquellos que quisieran lesionar los derechos de terceros. Así, supuestamente, cumplen con su función social las instituciones procuradoras y administradoras de justicia de una sociedad, al mantener y promover el estado de Derecho.
En los hechos, las cosas no son tan simples, y -por supuesto- no siempre concluyen felizmente. Hay, entre otras, tres causas principales:
1. Castigar quien infringe “la ley no es tan fácil porque, ordinariamente, este tiende a evadirse de la acción de la justicia: huye, se oculta borra evidencias, corrompe, finge, en fin!; recurre a lo que sea, y eso dificulta las cosas. Peor aún si se trata del crimen organizado.
2. Las instituciones procuradoras y administradoras de justicia son -por humanas- falibles.
3. Las instituciones .procuradoras y administradoras de justicia son, ineficientes e incapaces.
Las dos primeras son limitantes normales de la acción por la justicia, y para solucionarlas debe realizarse un notable esfuerzo de organización e investigación, para lo primero; y de legislación para lo segundo, de tal forma que errar convierta en la forma normal de operar.
La tercera, la ineficiencia, es la más grave y contra ella no hay más remedio que la absoluta reestructuración.
Esto último es lo que ocurre en nuestro Estado, veámoslo:
1. PULSO publicó el 29 de agosto de este año una investigación realizada en la Dirección de Averiguaciones Previas, la cual reveló que, en dicha dependencia, existe un rezago del 60% en la integración y consignación de las denuncias presentadas· por los ciudadanos.
2. Sin embargo durante el mes de Julio, según una investigación realizada por el Centro Potosino de Derechos Humanos, en los Juzgados de Distrito del Estado se solicitaron 981amparos contra distintas autoridades de todo el Estado: 515 contra la Procuraduría General de la Justicia del Estado (PGJE); 466 contra el resto de autoridades municipales, estatales, federales, judiciales, legislativas y ejecutivas.
Así es! la Procuraduría de Justicia del Estado reúne por si sola más de la mitad (52.5%) de los recursos de amparo interpuestos por los potosinos de todo el Estado, lo cual es gravísimo.
Resulta que la Institución encargada de “velar por la legalidad como principio rector de la convivencia social” (Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia) es la más propensa a violar los derechos humanos de los potosinos, ya que es contra ella contra quien más se interpone el recurso de amparo, gracias -si es que debe agradecerse- a los solicitados contra la Policía Judicial y el Ministerio Público, que son sus subordinados.
3. De Enero a Junio de éste año, la prensa local reportó 300 casos de violación a los derechos humanos en la entidad. Sobresalen las lesiones y agresiones (29.3 %), detenciones ilegales (27.6 %), y negligencia en la administración de justicia (21.6 %).
El principal responsable de estas es la Policía Judicial al participar en el 26% de los casos reportados. Y al sumar los que son responsabilidad del Ministerio Público alcanza, la Procuraduría de Justicia, el 32%
Así que, no sólo son ineficientes el Ministerio Público y la Policía Judicial, sino que para colmo!, tienen un accionar ilegal.
Mayor contradicción no puede haber en la Procuraduría de Justicia del Estado: resulta que su personal no logra cumplir con su trabajo, pero no por la carga del mismo, sino porque se dedica a otras acciones que, no sólo no tienen que ver con su función social, sino que son totalmente ilegales. Esto es la radiografía de lo que ha sido hasta el momento la Procuración de Justicia en San Luis Potosí.
(Artículo publicado en el periódico Pulso)